La Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSTF) anunció la acusación formal contra cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quienes atribuye conspiraciones relacionadas con narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas de fuego.
La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida informó que Edgar Alejandro López Velasco, Noe Díaz Jiménez, Leobardo Gaxiola López, alias “Bado”, y José Miguel Alvarado Morales, todos de nacionalidad mexicana, fueron detenidos en República Checa en junio pasado.
Según la acusación, los cuatro estarían afiliados al CJNG, organización que las autoridades estadounidenses identifican como una organización terrorista extranjera y uno de los principales grupos del narcotráfico en México.
El expediente atribuye a López Velasco y Alvarado Morales funciones de representación de integrantes de alto nivel del CJNG. A Díaz Jiménez lo identifica como traficante de fentanilo y responsable de un laboratorio de esa droga sintética en México, mientras que Gaxiola López habría operado como intermediario en actividades de narcotráfico y tráfico de armas.
Negociaban armas a cambio de fentanilo y metanfetamina
Uno de los señalamientos centrales de la acusación corresponde a operaciones realizadas en febrero de 2026, cuando López Velasco y Díaz Jiménez presuntamente negociaron la adquisición de armas procedentes de República Checa con destino a México.
De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, entre el armamento negociado se encontraban ametralladoras, lanzagranadas propulsados por cohetes, lanzagranadas, municiones y otros artefactos que, según la acusación, serían utilizados para cometer actos de violencia contra cárteles rivales, civiles, policías y personal militar en México.
El pago por las armas, de acuerdo con el expediente, habría sido realizado mediante fentanilo y metanfetamina introducidos a Estados Unidos para su distribución.
La acusación también señala que el 12 de junio de 2026 autoridades mexicanas desmantelaron el laboratorio de opioides sintéticos atribuido a Díaz Jiménez en Zapopan, Jalisco.
Dos de los acusados fueron extraditados a Florida
López Velasco y Alvarado Morales fueron extraditados a Estados Unidos y trasladados al Distrito Medio de Florida. Ambos tuvieron su primera comparecencia ante una autoridad judicial y quedaron detenidos.
La acusación contempla para los cuatro imputados cargos que, en distintos casos, incluyen conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para proporcionar material de apoyo al terrorismo, conspiración para importar drogas y conspiraciones relacionadas con tráfico de armas de fuego.
Para los cuatro, la Fiscalía estadounidense señala como pena máxima posible cadena perpetua.
El gobierno de Estados Unidos también notificó que solicitará la confiscación de los ingresos que presuntamente provengan de las conductas delictivas señaladas en la acusación.
Operativo involucró a autoridades de México, Estados Unidos y República Checa
La investigación involucró a la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Investigación de la Guardia Costera, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
También participaron autoridades de República Checa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México y la Secretaría de Marina.
La Fiscalía estadounidense destacó además la intervención de Interpol y de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia para concretar las detenciones y la extradición de López Velasco y Alvarado Morales.
El caso será procesado por el fiscal federal adjunto Dan Baeza.
La acusación forma parte de las operaciones de la HSTF, creada bajo la Orden Ejecutiva 14159, denominada por el gobierno estadounidense “Protección del Pueblo Estadounidense contra la Invasión”, cuyo objetivo es investigar y procesar a integrantes de cárteles, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico que operan dentro y fuera de Estados Unidos.
La Fiscalía estadounidense precisó que una acusación formal constituye únicamente una imputación de delitos federales y que los acusados deben ser considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.