El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra dos redes vinculadas al Cártel de Sinaloa, a las que responsabiliza de operar esquemas de narcotráfico y lavado de dinero mediante criptomonedas, en el contexto de la distribución de fentanilo hacia territorio estadounidense.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro identificó a seis personas mexicanas y dos empresas como parte de estas estructuras financieras. Las medidas también alcanzan a Jesús González Peñuelas y a integrantes de su organización, señalada como una red de distribución de drogas con presencia en Estados Unidos.
De acuerdo con el Departamento de Estado, González Peñuelas cuenta con una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permita su captura o condena, dentro del Programa de Recompensas por Narcóticos.
La acción se sustenta en órdenes ejecutivas dirigidas a combatir la proliferación de drogas ilícitas y a sancionar a organizaciones consideradas terroristas. En este marco, la administración estadounidense mantiene la designación del Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la política del gobierno es impedir que “los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno” y sostuvo que se continuará con acciones contra las redes de tráfico de fentanilo para “proteger a nuestras comunidades”.
redes financieras y operación con criptomonedas
Entre los perfiles señalados se encuentra Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado como operador de una red de lavado de dinero asociada al Cártel de Sinaloa. Según el reporte, su estructura recolecta recursos en efectivo provenientes de la venta de drogas en Estados Unidos y posteriormente los convierte en criptomonedas para transferirlos a México.
En esta red también participan Jesús Alonso Aispuro Félix, señalado como intermediario financiero, y Rodrigo Alarcón Palomares, quien enfrenta cargos en Estados Unidos por lavado de dinero mediante activos digitales. A este grupo se vincula además Alfredo Orozco Romero, relacionado con empresas utilizadas como fachada para operaciones financieras.
Las sanciones incluyen el bloqueo de bienes y la prohibición de transacciones con personas y entidades estadounidenses. También se advierte que cualquier empresa vinculada en al menos 50 por ciento a los sancionados queda sujeta a las mismas restricciones.
estructura operativa y expansión en estados unidos
En paralelo, la OFAC identificó una segunda red encabezada por Jesús González Peñuelas, a quien atribuye la producción y distribución de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo desde 2007. Su operación, según el informe, abarca células en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.
Dentro de esta estructura se menciona a colaboradores encargados de la logística de narcotráfico y del traslado de recursos ilícitos entre Estados Unidos y México. Las autoridades estadounidenses sostienen que estas redes combinan actividades de tráfico de drogas con mecanismos financieros para sostener su operación internacional.
los chapitos y el control del fentanilo
El Departamento del Tesoro vincula estas redes con la facción conocida como “Los Chapitos”, integrada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera. De acuerdo con la información oficial, este grupo consolidó su control tras la captura y extradición de su padre y mantiene influencia en la producción y distribución de fentanilo.
Estados Unidos señala que el Cártel de Sinaloa es responsable de una parte significativa del flujo de esta sustancia hacia su territorio, asociada a la muerte de decenas de miles de personas cada año.
alcance de las sanciones y efectos legales
Las medidas implican el congelamiento de activos en territorio estadounidense y la prohibición de operaciones financieras con los implicados. Las autoridades advierten que las violaciones a estas disposiciones pueden derivar en sanciones civiles o penales, tanto para ciudadanos estadounidenses como extranjeros.
Asimismo, se contempla la posibilidad de sanciones secundarias para instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones relacionadas con los señalados, lo que amplía el alcance de la medida más allá del territorio estadounidense.
La acción, según el Departamento del Tesoro, es resultado de una investigación coordinada con agencias como la Administración para el Control de Drogas (DEA) y en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de México, en un esquema que busca intervenir tanto las rutas de narcotráfico como sus mecanismos de financiamiento.