La Asamblea General de la ONU debatió este martes el informe anual de la Corte Penal Internacional (CPI) en un contexto marcado por las sanciones impuestas por Estados Unidos a jueces y fiscales del tribunal. Las medidas coercitivas se derivan de una orden ejecutiva emitida en febrero, luego de que la CPI dictara órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra cometidos en Gaza.
Las sanciones incluyen restricciones financieras y prohibiciones de viaje, y han sido calificadas por la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, como “ataques contra los principios mismos del derecho internacional”. En su intervención, Baerbock subrayó que la Corte fue fundada sobre el principio de que “la justicia es un deber universal”, pero advirtió que su misión permanece inconclusa.
Durante el debate, se destacó que la CPI ha enfrentado durante más de dos décadas la impunidad en diversos contextos, y que su labor ha permitido avanzar en la rendición de cuentas incluso en escenarios de alta conflictividad. Sin embargo, Baerbock denunció que funcionarios del tribunal han sido objeto de sanciones por exigir responsabilidades, y que sus sistemas han sufrido ciberataques con el objetivo de socavar su credibilidad.
Una resolución presentada ante la Asamblea General condenó cualquier forma de intimidación, amenaza o injerencia contra la Corte, su personal o colaboradores. La jueza Tomoko Akane, presidenta del tribunal, advirtió que las presiones sobre los jueces debilitan la credibilidad del derecho internacional y representan una amenaza persistente para la administración de justicia.
Akane expuso los avances y desafíos de la CPI, mencionando casos en Sudán, Afganistán e Israel, y recordó que la ejecución de órdenes de detención depende de la cooperación de los Estados. En el último año, más de 18,000 víctimas han participado en procesos ante el tribunal, y se han otorgado reparaciones económicas a cerca de 50,000 personas en Uganda a través del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas.
La sesión concluyó con un llamado a los Estados miembros para que defiendan la independencia de la Corte y el sistema jurídico internacional, en medio de un escenario de tensiones que pone a prueba la vigencia del Estatuto de Roma y la capacidad global de enfrentar la impunidad.