Estados Unidos confirmó que no participó en el Foro Internacional de Revisión de la Migración y que no respaldará la declaración de “progreso” prevista para el 8 de mayo. La postura marca un nuevo distanciamiento respecto de los mecanismos multilaterales impulsados por la ONU en materia migratoria y retoma argumentos utilizados desde 2017, cuando la administración del entonces presidente Donald Trump rechazó el Pacto Mundial para la Migración.
El gobierno estadounidense sostiene que la oposición a ese acuerdo se ha visto reforzada con el paso del tiempo. De acuerdo con su posicionamiento, los esfuerzos de la ONU por “promover y facilitar la inmigración de reemplazo” en Estados Unidos y en países occidentales contradicen los intereses nacionales. La declaración cita al secretario Rubio, quien afirmó que “abrir nuestras puertas a la migración masiva fue un grave error que amenaza la cohesión de nuestras sociedades y el futuro de nuestros pueblos”.
El comunicado describe un escenario en el que la migración reciente habría generado “delincuencia y caos en la frontera”, así como estados de emergencia en ciudades principales y un gasto público destinado a “hoteles, billetes de avión, teléfonos móviles y tarjetas de débito para los migrantes”. Según esta postura, agencias de la ONU y sus socios habrían contribuido a “facilitar la invasión de nuestro país” y a redistribuir recursos hacia personas provenientes de “los rincones más desfavorecidos del mundo”.
El gobierno estadounidense sostiene que nada de lo ocurrido en los últimos años puede calificarse como “seguro”, “ordenado” o “regular”, y afirma que los costos han recaído sobre trabajadores obligados a competir por empleos, vivienda y servicios sociales limitados. En ese contexto, acusa a la ONU de no ofrecer respuestas sobre estos efectos internos.
La posición oficial subraya que el presidente Trump “se centra en los intereses de los estadounidenses, no en los de los extranjeros ni en los de los burócratas globalistas”, y rechaza cualquier proceso que pueda imponer directrices o compromisos que limiten “el derecho soberano y democrático del pueblo estadounidense” para decidir sobre su política migratoria.
El cierre del posicionamiento marca un giro discursivo: el objetivo declarado “no es gestionar la migración, sino fomentar la remigración”, una formulación que refuerza la distancia entre Estados Unidos y los marcos multilaterales promovidos por la ONU en esta materia.