El gobierno de Estados Unidos anunció un paquete de recompensas por hasta 102 millones de dólares para obtener información que permita la captura o condena de ocho presuntos líderes y operadores del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de imponer restricciones migratorias a 65 familiares y colaboradores cercanos de integrantes de esa organización.
La medida fue dada a conocer por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento de Justicia (DOJ), la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias federales.
El Departamento de Estado señaló que la decisión forma parte de la estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump para combatir a los cárteles que Estados Unidos ha catalogado como organizaciones terroristas extranjeras y organizaciones terroristas globales especialmente designadas.
Entre las recompensas destaca una de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Juan Carlos Valencia González, alias «Pelón», identificado por las autoridades estadounidenses como el nuevo líder del CJNG tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», fundador de esa organización criminal.
Asimismo, se ofrecen hasta 15 millones de dólares por Audias Flores Silva, alias «Jardinero»; hasta 15 millones de dólares por Gonzalo Mendoza Gaytán, alias «Sapo»; y una cantidad igual por Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias «Chorro», identificado como yerno de Oseguera Cervantes.
La lista también incluye recompensas de hasta 10 millones de dólares para Ricardo Ruiz Velasco, alias «Tripa»; Julio César Montero Pinzón, alias «El Tarjetas»; y Carlos Andrés Rivera Varela, alias «La Firma». Además, el gobierno estadounidense ofrece hasta 2 millones de dólares por información relacionada con Griselda Margarita Arredondo Pinzón.
De acuerdo con el Departamento de Estado, estas recompensas buscan «paralizar el liderazgo de la organización» y respaldar las investigaciones de las agencias encargadas de combatir el tráfico internacional de drogas.
Como parte de las acciones anunciadas, Washington también impuso restricciones de visa a 65 personas identificadas como familiares, socios personales o colaboradores comerciales cercanos de integrantes del CJNG sancionados conforme a la Orden Ejecutiva 14059, relacionada con el combate al narcotráfico internacional.
Las autoridades precisaron que 26 de esas personas mantenían visas vigentes, las cuales fueron revocadas. Con esta decisión, el número de visas canceladas desde la implementación de esta política, en junio de 2025, asciende a 93, todas vinculadas con familiares y asociados de personas sancionadas por su relación con cárteles designados como organizaciones terroristas.
El anuncio también coincide con la presentación de cargos penales por parte del Departamento de Justicia contra Gonzalo Mendoza Gaytán, Julio Alberto Castillo Rodríguez, Ricardo Ruiz Velasco, Julio César Montero Pinzón y Carlos Andrés Rivera Varela, como parte de las investigaciones federales en curso.
El Departamento de Estado indicó que las recompensas se encuentran autorizadas bajo el Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP) y el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP), mecanismos creados para apoyar la localización y procesamiento de integrantes de organizaciones criminales internacionales.
Según la dependencia, desde su creación en 1986, el NRP y el TOCRP han contribuido a llevar ante la justicia a más de 90 narcotraficantes y delincuentes transnacionales, además de haber entregado más de 200 millones de dólares por información que permitió capturas y otros resultados en investigaciones internacionales.
El gobierno estadounidense informó que toda la información proporcionada por posibles informantes será tratada de manera confidencial y precisó que funcionarios públicos no podrán recibir recompensas por datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones oficiales.