El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas regulaciones que redefinen el alcance de los créditos fiscales reembolsables, con el objetivo de impedir que inmigrantes indocumentados accedan a estos beneficios. La medida se enmarca en la Ley de Reconciliación de la Responsabilidad Personal y la Oportunidad de Trabajo de 1996 (PRWORA) y refuerza las restricciones legales aplicables a quienes no cuentan con estatus migratorio regular.
El Tesoro precisó que los créditos reembolsables —entre ellos el Crédito por Ingreso del Trabajo, el Crédito Adicional por Hijos, el Crédito de Oportunidad Estadounidense y el Crédito por Aportación del Ahorrador— serán considerados “beneficios públicos federales”. Bajo esta interpretación, los inmigrantes indocumentados y otros extranjeros no calificados quedarán excluidos de recibirlos.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la iniciativa busca garantizar que los recursos fiscales se destinen únicamente a ciudadanos y residentes legales. La Oficina de Política Tributaria y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) trabajaron en conjunto para diseñar los mecanismos de implementación, mientras que la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia emitió una opinión que respalda la interpretación jurídica.
Las regulaciones definitivas se prevén para el año fiscal 2026 y forman parte de una estrategia más amplia de la administración estadounidense para endurecer la legislación migratoria y limitar el acceso de personas sin autorización legal a beneficios financiados por los contribuyentes.
Consecuencias previstas
La exclusión de inmigrantes indocumentados de los créditos fiscales reembolsables tendrá efectos directos en familias que dependían de estos apoyos para complementar sus ingresos. Al mismo tiempo, se anticipa un aumento en la presión sobre programas sociales estatales y locales, así como posibles litigios en torno a la definición de “beneficios públicos federales”.
Con esta decisión, el gobierno federal refuerza el control sobre el sistema tributario y marca un nuevo capítulo en el endurecimiento de las políticas migratorias, vinculando de manera más estricta la elegibilidad fiscal con el estatus legal de los beneficiarios.