Estados Unidos solicitó intervenir ante el Tribunal General de la Unión Europea en los procesos promovidos por X Internet, X Holdings y Elon Musk contra la Comisión Europea, en los que buscan anular una decisión que impuso una multa conjunta de 120 millones de euros por infracciones a la Ley de Servicios Digitales (DSA).
La solicitud fue presentada el 24 de septiembre y constituye la primera intervención del gobierno estadounidense en un litigio relacionado con una medida de ejecución de la DSA que llega ante el Tribunal General. El Departamento de Justicia coordinó la petición con el Departamento de Estado, al considerar que el caso puede tener implicaciones para empresas estadounidenses y para las relaciones entre Washington y la Unión Europea.
La controversia se originó en la decisión adoptada por la Comisión Europea el 5 de diciembre de 2025, mediante la cual determinó infracciones a la DSA y estableció una multa de 120 millones de euros, calculada con base en la facturación anual mundial de la unidad económica que, según la Comisión, está controlada en última instancia por Elon Musk o X Holdings Corp.
Washington acusa a Bruselas de exceder su jurisdicción
La intervención estadounidense plantea que la Comisión Europea habría extendido su autoridad regulatoria hacia compañías estadounidenses que, según la posición de Washington, no se encuentran presentes ni operan dentro de la jurisdicción europea.
El fiscal general adjunto de la División Civil del Departamento de Justicia, Brett A. Shumate, fue directo al fijar la posición del gobierno estadounidense:
“No toleraremos que la Comisión Europea se extralimite en sus funciones regulatorias para intentar controlar los motores de innovación y crecimiento económico estadounidenses”.
El argumento central de Washington se concentra en los límites de la jurisdicción extraterritorial y en la forma en que la Comisión determinó quién puede ser considerado proveedor de servicios digitales y, por tanto, responsable bajo la DSA.
Estados Unidos sostiene que la resolución europea plantea interrogantes sobre el alcance territorial de la legislación comunitaria y sobre la aplicación del denominado principio del “velo corporativo”, mediante el cual, en términos generales, la estructura jurídica de una empresa separada no permite trasladar automáticamente responsabilidades a sus accionistas.
El caso también involucra a Musk
El Departamento de Justicia cuestionó que la decisión europea haya extendido el escrutinio jurídico hasta Elon Musk como persona física y hacia otras entidades corporativas estadounidenses bajo su propiedad que, según Washington, son independientes y no tienen relación con los servicios digitales objeto del procedimiento.
La controversia, por tanto, rebasa el monto de la sanción y se concentra en una cuestión de alcance regulatorio: hasta dónde puede llegar la legislación europea cuando una plataforma digital opera en la Unión Europea, pero su matriz y otras entidades relacionadas están establecidas en Estados Unidos.
El gobierno estadounidense argumenta que la resolución podría afectar a otras grandes plataformas digitales con matrices estadounidenses que prestan servicios dentro de la Unión Europea.
Un litigio que llega al Tribunal General
Los procedimientos X Internet y X Holdings contra la Comisión, T-114/26, y Musk contra la Comisión, T-121/26, se encuentran pendientes ante el Tribunal General de la Unión Europea.
La información oficial del sistema judicial europeo confirma que el procedimiento promovido por Musk busca anular la decisión de la Comisión Europea del 5 de diciembre de 2025 y que el expediente fue registrado el 16 de febrero de 2026.
El artículo 40 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea permite que una persona física o jurídica, incluido un Estado, solicite intervenir en un litigio cuando pueda demostrar un interés en su resultado. Ese es el fundamento jurídico invocado por Estados Unidos para presentar su solicitud.
La intervención no significa que el tribunal haya aceptado ya los argumentos estadounidenses. La solicitud deberá ser considerada conforme a las reglas procesales del Tribunal General.
La disputa puede alcanzar a otras plataformas
Para Washington, el alcance de la resolución europea es una cuestión que puede afectar a otras empresas estadounidenses del sector digital.
El Departamento de Justicia advirtió que, si se mantiene el criterio utilizado por la Comisión Europea, podría tener consecuencias para las “plataformas en línea de muy gran tamaño” y otras compañías que ofrecen servicios digitales dentro de la Unión Europea y cuyas matrices se encuentran en Estados Unidos.
La discusión coloca frente a frente dos cuestiones: la facultad de la Unión Europea para regular los servicios digitales ofrecidos dentro de su territorio y los límites que Estados Unidos considera aplicables cuando esas normas alcanzan a empresas cuya estructura corporativa principal se encuentra bajo jurisdicción estadounidense.
El Tribunal General tendrá ahora que resolver las cuestiones planteadas en los litigios y determinar el alcance jurídico de la decisión de la Comisión Europea. Para Washington, el resultado también servirá para definir hasta dónde puede llegar la aplicación extraterritorial de las normas europeas sobre compañías estadounidenses.

