El pasado 1 de junio de 2025 quedará grabado en la historia jurídica de México como la jornada en la que el Poder Judicial, otrora contrapeso fundamental, fue puesto a voto popular. Sin embargo, tras una participación que apenas rondó el 13%, la consigna oficial de “éxito histórico” no logró ocultar que, en realidad, la 4T consumó un golpe institucional: una Corte a la medida de sus intereses.
Un meme lo sintetizó de esta manera, en un pódium de competencia el primer lugar lo obtuvo con 87% de los votos el abstencionismo, seguido por el segundo lugar votos nulos y al final Morena con un tercer lugar, celebrando un triunfo, mediocre, pero triunfo y embriagándose de poder.
Reforma y El Sol de México señalaron de inmediato que este abstencionismo masivo revela una “elección desairada” por la mayoría de los mexicanos, que entendieron que no se trata de un ejercicio de democracia genuina, sino de un espectáculo de legitimación.
En redes sociales, usuarios de Twitter festejaron con sarcasmo la “democracia de lujo” que costó miles de millones para que sólo votara una minoría. Al final fue una elección que nadie necesitaba, ni quería, mal planeada, peor ejecutada, complicada e improductiva.
Mientras Claudia Sheinbaum presumía en redes el “doble de participación” respecto al 7% de la consulta para enjuiciar a expresidentes de 2021, la prensa financiera y política recordaba que, aun así, la cifra es humillante. El 87% de abstención retrata un país que jamás creyó en esta farsa.
Sin embargo, ningún “doble de 7%” puede enmascarar que, en términos absolutos, el 87% del padrón prefirió la indiferencia. La narrativa oficial también olvidó apuntar que, de esos 13 millones, al menos un tercio obedeció a la maquinaria morenista, que operó en municipios y distritos clave a través de “acarreo” y presión de servidores públicos.
Con el 86.9% de actas computadas la madrugada del 2 de junio, emergió el siguiente escenario para la SCJN (donde sólo votarían las 11 principales magistraturas, pero por “barra” popular):
Hombres punteros: Hugo Aguilar Ortiz (5.20%), Isaac de Paz (2.70%), Giovanni Figueroa (2.60%), Irving Espinosa (2.60%) y Arístides Guerrero (2.50%).
Mujeres al frente: Lenia Batres (4.80%), Yasmín Esquivel (4.10%), Loretta Ortiz (4.00%), María Estela Ríos (3.70%) y Sara Irene Herrerías (2.40%).
El 3 de junio, en el Senado, Ricardo Anaya lanzó un discurso demoledor: “Lo que hoy celebran como ‘éxito democrático’ no es más que un síntoma de que algo va muy mal: la impunidad, la desconfianza en las instituciones y la apatía ciudadana.
Morena usó su estructura partidista para asegurarse ministros a su gusto y convirtió este proceso en un show de legitimación. Gastaron miles de millones para que votara menos gente que la que vota en una elección municipal.”
En Twitter, el tuit de @ProYOSJuez fue claro:
“La SCJN sigue siendo un club cerrado: ninguno de los 9 virtuales nuevos ministros tiene carrera judicial. Éxito para Morena; fracaso para la justicia mexicana.”
En Facebook, el grupo “Justicia para México” replicó una publicación que señalaba: “¿De qué sirve tener jueces electos si luego responden a un partido y no a la ley?”
Se impuso la idea de que esta elección fue un mero trámite para completar la Corte con perfiles afines al Ejecutivo, más que un ejercicio de escrutinio ciudadano.
Xóchitl Gálvez: “Ministros sin carrera judicial”.
En sus tuits del 5 de junio, Xóchitl Gálvez recordó que, Hugo Aguilar Ortiz era un abogado sin experiencia como juez; “jamás pasó por una sala de audiencia”, dijo, y cuestionó la dependencia de muchos al gabinete presidencial.
“Varios punteros vienen de la órbita directa de Gobernación. ¿Imparcialidad? No, aquí lo que hay es clientelismo legalizado”, comentó Gálvez, cuyos mensajes sumaron más de 1200 “Me gusta” ese día, generando discusiones sobre si los futuros ministros realmente atenderán el artículo 94 constitucional o el despacho de Palacio Nacional.
Hugo Aguilar Ortiz y varios de sus pares carecen de carrera judicial probada, pero cuentan con cercanía comprobada con el Ejecutivo.
“Reforma Perjudicial” no fue un mero juego de palabras: esta elección resquebrajó la autonomía de la Corte, profundizó la polarización y consolidó el control de la 4T sobre un Poder que, si bien necesitaba transformación, no requería someterse a un experimento que costó más de lo que rindió.
Hoy, al ver a Hugo Aguilar Ortiz a la cabeza de la votación y a Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y compañía perfiladas para suceder a ministros de carrera, sólo cabe preguntarnos si la próxima sentencia de la SCJN será contra la corrupción o contra la propia Constitución.
¿Dónde están los perjuicios?
- Los perjuicios políticos: un nuevo bloque judicial que, más que revisar reformas, las impulsará.
- Los perjuicios institucionales: la erosión del contrapeso judicial.
- Los perjuicios ciudadanos: la decepción de ver las urnas como un disfraz para perpetuar el poder.
La verdadera reforma del Poder Judicial no llega a través de urnas solitarias, sino de mecanismos de méritos, transparencia y rendición de cuentas. Hasta que eso suceda, este ejercicio de junio de 2025 será recordado como un peaje caro que pagó la ciudadanía para entregarle el fuero a la 4T.
Epílogo: Mientras el INE termina de contar actas y el Tribunal de Disciplina Judicial se conforma con abogados amigos del gobierno, los mexicanos deberíamos preguntarnos si la próxima batalla no será en las calles ni en las redes, sino en el terreno de la conciencia ciudadana: ¿Cuándo recuperaremos la urgencia de defender la independencia judicial, si en nuestra propia casa 9 de cada 10 se niegan a votar por ella?