Por Pedro Hugo Montero
Que se note que en México, domina e imperará la ilegalidad, pues la prisión preventiva oficiosa sigue desafiando la legalidad y los derechos humanos, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó eliminar esta figura hace más de un año. Sin embargo, el Congreso mexicano ignoró el mandato y, recientemente, la Cámara de Diputados aprobó ampliar la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, demostrando que en nuestro país la ley puede ser un instrumento de control más que de justicia, esta semana se recibió en el Senado.
Un sistema de justicia en crisis
La prisión preventiva oficiosa obliga a encarcelar a personas de manera automática mientras enfrentan su proceso penal, sin que un juez evalúe si es realmente necesaria. Esto fomenta el hacinamiento en cárceles, alimenta la corrupción y perpetúa un sistema judicial saturado y desmantelado, donde los jueces, serán seleccionados por sorteo, carecen de capacitación adecuada y actuarán bajo presiones políticas.
Datos del INEGI revelan que, en 2022, el 50.2 % de las personas privadas de la libertad sin sentencia estaban en prisión preventiva oficiosa. Esto implica que miles enfrentan procesos penales desde la cárcel sin que se haya probado su culpabilidad, lo que contradice el principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 20 de la Constitución.
Cambios recientes: unas por otras
La reforma al artículo 19 constitucional, impulsada por Morena y sus aliados, eliminó la defraudación fiscal y el narcomenudeo del catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva. No obstante, incluyó extorsión y delitos relacionados con el fentanilo.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) celebró la exclusión de delitos fiscales, destacando que esto genera certidumbre para las inversiones en el país. Sin embargo, el tema sigue siendo controvertido, pues el endurecimiento de medidas recaudatorias sugiere que no estamos lejos de una nueva reforma fiscal, acompañada del llamado «terrorismo fiscal».
La Presidenta Sheinbaum dijo que este año hay algunos ajustes menores en la miscelánea fiscal y el próximo año se fortalecerá la recaudación de aduanas, a disminuir los trámites en el SAT para aumentar la recaudación y evitar la evasión fiscal.
También comentó que ahora queda establecido en la Constitución la prisión preventiva oficiosa para combatir la facturación falsa. En el transcurso del año se podría revisar con los distintos sectores del país si son necesarias reformas adicionales. Dijo que hay muchas oportunidades de recaudación sin necesidad de llegar a una reforma fiscal profunda.
Entonces si habrá una Reforma Fiscal, además del endurecimiento de las disposiciones en la recaudación. En otras palabras resurge el terrorismo fiscal.
Esta semana el Senado recibió la minuta que envió la colegisladora que reforma el artículo en comento, a fin de ampliar el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Las reformas están encaminadas a que el Estado mexicano cuente con un marco normativo, penal y procesal, que resulte eficiente para combatir las principales conductas delictivas que aquejan la salud y el patrimonio de las y los mexicanos. Hasta ahí no se ve tan catastrófico.
Persecución y arbitrariedades
La ampliación de la prisión preventiva oficiosa, lejos de combatir la inseguridad, erosiona el principio de presunción de inocencia. Esto deja a todos los ciudadanos expuestos a posibles abusos, desde el acoso judicial hasta el uso político de esta herramienta para chantajes o persecuciones.
En el contexto internacional, México queda rezagado:
- Estados Unidos: La prisión preventiva se aplica solo tras evaluar riesgos como fuga o peligro a la comunidad.
- España y Argentina: Es una medida excepcional con límites de tiempo y justificación obligatoria.
En contraste, la aplicación automática en México ignora las particularidades de cada caso, afectando especialmente a quienes carecen de recursos para defenderse adecuadamente frente a las fiscalías, que a menudo demoran años en completar expedientes.
Alternativas y reformas urgentes
En lugar de ampliar el catálogo de delitos, los expertos proponen fortalecer el sistema de justicia penal mediante:
- Eliminar el carácter automático: Permitir que los jueces evalúen caso por caso.
- Medidas cautelares alternativas: Como brazaletes electrónicos o supervisión judicial.
- Fortalecimiento institucional: Mejorar la capacitación de jueces y fiscales.
- Cumplimiento de plazos estrictos: Evitar que los procesos se alarguen de manera indefinida.
Conclusión
Aunque la ampliación de la prisión preventiva oficiosa busca combatir delitos graves, sus efectos secundarios son alarmantes: Incremento de corrupción e impunidad, hacinamiento carcelario, violaciones a derechos fundamentales y riesgo de persecución política. Para avanzar hacia un sistema más justo, es indispensable una reforma integral que priorice la presunción de inocencia y establezca medidas cautelares más humanas y efectivas.