La Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un pronunciamiento en el que afirmó que el país enfrenta un escenario de violencia creciente que afecta tanto a mujeres como a espacios civiles y religiosos, y llamó a las autoridades a responder con eficacia a las demandas de justicia expresadas durante las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer. El documento, firmado por el presidente del organismo, Ramón Castro Castro, y su secretario general, Héctor Pérez Villarreal, subraya que México necesita justicia y paz, no más confrontación.
El Episcopado reconoció que miles de mujeres continúan exigiendo seguridad, acceso a la justicia y respeto a su dignidad, y señaló que las manifestaciones del 8 de marzo evidencian una problemática que no puede ser ignorada. La Iglesia expresó solidaridad con quienes han sufrido violencia y reiteró su disposición a acompañar a las mujeres que enfrentan agresiones e injusticias en su vida cotidiana.
El comunicado también lamentó los hechos registrados en diversas ciudades, donde algunas personas realizaron daños a instalaciones civiles y religiosas. Entre ellos destacó el incendio de la puerta del Sagrario Metropolitano, La Compañía, en San Luis Potosí. La CEM calificó estos actos como una señal preocupante del deterioro del espacio público y recordó que los templos funcionan como lugares de encuentro y consuelo para quienes buscan apoyo espiritual tras experiencias de violencia.
El Episcopado sostuvo que la violencia no puede convertirse en vía para alcanzar la paz y advirtió que el dolor de las mujeres no debe derivar en confrontación social, sino en la búsqueda de mecanismos de diálogo, justicia y reconciliación. El mensaje citó al Papa León XIV, quien ha insistido en que la paz requiere acciones que desactiven la violencia y abran espacios de encuentro.
Finalmente, la CEM encomendó al país a la intercesión de Santa María de Guadalupe y llamó a construir una sociedad basada en la justicia y la paz. El pronunciamiento se suma a una serie de posicionamientos de organizaciones civiles y religiosas que, tras las movilizaciones del 8M, han insistido en la necesidad de respuestas institucionales más efectivas frente a la violencia de género y el deterioro social.