La discusión previa a la aprobación de la desincorporación de 38 predios del patrimonio estatal derivó en uno de los debates más tensos de la 76 Legislatura, marcado por acusaciones de irregularidades en el procedimiento, advertencias sobre presuntos beneficiarios privados y señalamientos de uso político del fideicomiso al que serán transferidos los bienes.
Las intervenciones de diputadas y diputados evidenciaron dos posturas irreconciliables: quienes respaldaron el dictamen como una medida para “capitalizar activos improductivos” y quienes denunciaron que la operación constituye una enajenación acelerada del patrimonio público sin garantías de transparencia.
Un bloque opositor que denunció “venta al vapor” y exclusión legislativa
La diputada Ana Belinda Hurtado afirmó que la desincorporación beneficiará “a unos cuantos” y cuestionó si la presidenta de México estaba informada de la decisión. Señaló que la Legislatura “pasará a la historia como la peor” por permitir la venta de bienes estatales y acusó a la mayoría de votar por consigna.
Grecia Jennifer Aguilar advirtió que el Congreso estaba a punto de aprobar la pérdida de patrimonio “sin objetivo claro” y denunció que el dictamen se elaboró en menos de una semana, sin turnarse a todas las comisiones que marca la ley. Aseguró que el proceso se realizó “en reuniones en secreto” y que la rapidez del trámite constituye una señal de alerta. También cuestionó los avalúos, al señalar que algunos predios valen comercialmente hasta tres veces más que lo estimado.
La diputada María Itzé Camacho sostuvo que la desincorporación incluye predios que ya tendrían “nombre y apellido” de futuros compradores y afirmó que algunos bienes estratégicos, como un predio en el Callejón del Romance, podrían terminar en negocios privados. Aseguró que la operación es “una fachada” y que la mayoría legislativa aprobará la enajenación pese a las advertencias.
El diputado Antonio Tzilacatzin Carreño señaló que el dictamen “disfraza” su objetivo al mezclar donaciones al IMSS con la transferencia de terrenos de alto valor al fideicomiso Fidenci. Cuestionó que el fideicomiso pueda comercializar predios sin los candados que tendría una venta directa del Estado y recordó que, una vez transferidos, el Congreso pierde injerencia sobre el destino de los recursos. Afirmó que la operación “redefine silenciosamente el patrimonio de Michoacán”.
La diputada Ana Vanessa Caratachea centró su intervención en el procedimiento legislativo y sostuvo que el dictamen es ilegal al no haber sido turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano, como exige la Ley Orgánica. Señaló que la omisión afecta la legitimidad del proceso y que la Legislatura no puede autorizar desincorporaciones sin cumplir con el marco normativo interno.
La defensa oficialista: “no somos iguales” y “no es una venta de garage”
Desde la mayoría, la diputada Melba Edeyanira Albavera defendió el dictamen al afirmar que está “debidamente fundado” y que la desincorporación no constituye un acto de despojo. Sostuvo que la operación busca “proteger los intereses del pueblo” y que los recursos se destinarán a proyectos estratégicos. Aseguró que, si al final de la administración no se han enajenado todos los bienes, estos regresarán al patrimonio estatal.
Nalleli Julieta Pedraza afirmó que la medida representa una “gestión patrimonial con sentido social” y que permitirá convertir activos improductivos en infraestructura de bienestar. Diferenció la operación de intentos anteriores de venta de bienes estatales y llamó a dar un voto de confianza al Ejecutivo.
En una intervención final, legisladores de Morena insistieron en que existen “dos proyectos”: uno que defiende intereses del pueblo y otro que busca “confundir” con discursos críticos. Señalaron que la desincorporación permitirá impulsar desarrollo sin endeudamiento.
Un debate que anticipa litigios y cuestionamientos públicos
La sesión dejó al descubierto un choque frontal entre visiones sobre el manejo del patrimonio estatal, el papel del fideicomiso Fidenci y la legalidad del procedimiento legislativo. Mientras la mayoría defendió la operación como una estrategia de inversión pública, la oposición advirtió que la desincorporación abre la puerta a ventas sin control y sin claridad sobre el destino final de los recursos.
La aprobación del dictamen se dio en un ambiente de acusaciones cruzadas, advertencias sobre posibles beneficiarios privados y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso, elementos que anticipan que el tema seguirá en la agenda pública y jurídica del estado.