Una investigación de EL CEO, realizada por los periodistas Sergio Rincón y Paulina Padilla, documenta que el Gobierno de la Ciudad de México asignó cerca de 100 millones de pesos en contratos de obra pública a empresas con características de fantasma para proyectos vinculados al Mundial 2026. La revisión de 1,700 contratos de 2025 de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) permitió identificar sociedades de reciente creación, sin oficinas verificables y sin trayectoria empresarial clara, responsables de obras estratégicas como la ciclovía “La Gran Tenochtitlán” y la rehabilitación de canchas de futbol.
Contratos millonarios a empresas sin historial
El reportaje detalla que Arquitectura Ruhe, creada en marzo de 2025, obtuvo más de 31.5 mdp en contratos pese a que su fundadora, Karen López, no tiene antecedentes en el sector de la construcción y obtuvo su cédula profesional como nutrióloga apenas a finales de ese año. Otra empresa, ISCON Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, creada en 2023, recibió casi 40 mdp para tramos de ciclovía y acondicionamiento de canchas, aunque no cuenta con oficinas ni datos de contacto públicos. Su comisario, Emmanuel Almanza Barrón, ha sido vinculado a empresas señaladas por simular competencia en obra pública.
La tercera empresa, Gakida Arquitectura, también creada en 2025, recibió 25 mdp para la ciclovía de Tlalpan. No tiene oficinas verificables y presenta domicilios distintos en registros oficiales. Aunque su representante, Karen García, negó que se trate de una empresa fantasma, la investigación muestra vínculos con una red empresarial que ha participado en otras licitaciones y que comparte representantes con compañías previamente beneficiadas por gobiernos capitalinos.
Obras sin concluir y contratos sin transparencia
La ciclovía asignada a Gakida debió entregarse a finales de 2025, pero no ha sido inaugurada oficialmente. Además, los contratos para rehabilitar canchas de futbol otorgados a ISCON y Ruhe carecen de anexos que indiquen ubicación y características de las obras, lo que limita la verificación ciudadana.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha defendido que los proyectos mundialistas buscan reducir desigualdades y mejorar la movilidad, pero la investigación muestra que no existe claridad sobre el destino de los recursos, ni sobre el avance real de las obras.
Financiamiento opaco y posible endeudamiento
El reportaje también expone que el fideicomiso de 4,000 mdp para obras del Mundial —administrado por BBVA México— se financia con recursos del Fondo Mixto de Promoción Turística provenientes del impuesto al hospedaje. Aunque el gobierno capitalino niega que se trate de deuda, calificadoras consultadas por EL CEO afirman lo contrario, y los informes oficiales muestran un saldo de deuda pública de 99,301.5 mdp.
Impacto urbano y quejas vecinales
Las obras se concentran en el sur de la ciudad, alrededor del Estadio Banorte, donde vecinos reportan afectaciones por cierres prolongados, paraderos reducidos, banquetas en obra permanente y tráfico constante. Además, el gobierno desplazó comercios tradicionales del paradero del Estadio Azteca como parte de las condiciones impuestas por la FIFA, una medida que ha sido comparada con el “mundial del despojo” de Brasil 2014.
Un patrón de opacidad previo al Mundial
La investigación de EL CEO concluye que, pese a la magnitud del gasto y la cercanía del evento, no existe información pública suficiente sobre el avance, costo real y responsables de las obras. Las empresas beneficiadas comparten patrones: creación reciente, domicilios no verificables, representantes sin trayectoria y vínculos con redes previamente señaladas en procesos de obra pública.
La ausencia de respuestas de la Sobse y la falta de transparencia en los contratos refuerzan las dudas ciudadanas sobre la viabilidad y el uso de recursos en los proyectos mundialistas.