La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encabezada por el ex canciller chileno Heraldo Muñoz Valenzuela, presentó su informe preliminar sobre la elección extraordinaria del Poder Judicial en México celebrada el pasado 1 de junio. El reporte, publicado el 6 de junio, reconoce la realización del proceso en un ambiente de tranquilidad, pero advierte sobre una serie de factores que comprometen su legitimidad, alcance técnico y eficacia institucional.
Entre los hallazgos más relevantes destaca el bajo nivel de participación ciudadana. Solo el 13% del padrón acudió a votar, una de las cifras más bajas en América Latina para un proceso electoral, pese a tratarse de una reforma de gran calado institucional.
El proceso derivó de una reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024, durante el último tramo del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Dicha enmienda estableció el voto popular como único mecanismo de selección para ministras y ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, magistraturas de circuito y jueces de distrito. La modificación también eliminó el Consejo de la Judicatura Federal y redujo de 11 a 9 el número de integrantes en la Suprema Corte.
La MOE/OEA advierte que este rediseño no tiene precedentes a nivel internacional, ya que ningún otro país ha optado por someter a elección directa la totalidad de su judicatura. El documento expresa preocupación por la rapidez del proceso legislativo y la polarización que lo acompañó. Entre septiembre y octubre de 2024, el Congreso y más de la mitad de los congresos estatales aprobaron la reforma, a pesar de suspensiones judiciales emitidas en su contra.
Uno de los puntos críticos del informe es la falta de criterios uniformes en la evaluación de candidaturas. Los tres comités encargados (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) adoptaron metodologías dispares para seleccionar a los aspirantes. Solo el Comité del Poder Judicial contempló un examen técnico; sin embargo, este fue suspendido por una orden judicial. Los otros dos comités basaron su evaluación en entrevistas breves y ensayos, sin exigencias técnicas equiparables a las que tradicionalmente se empleaban en concursos de oposición.
La Misión también observa con inquietud que seis de los nueve nuevos integrantes de la Suprema Corte fueron propuestos por el comité del Poder Ejecutivo, y los tres restantes ya formaban parte del tribunal. Esto, indica el informe, podría comprometer la percepción de independencia del máximo órgano judicial frente al poder político.
Durante la campaña electoral, la difusión de información sobre las candidaturas fue limitada. Las restricciones a la promoción individual de aspirantes, sumadas a la imposibilidad de contratar espacios en medios, dificultaron que la ciudadanía conociera a los postulantes. Asimismo, la MOE documentó denuncias por el uso de “acordeones” con nombres de candidatos distribuidos por estructuras partidistas, lo que podría constituir una forma de coacción al voto.
Otro elemento destacado es la improvisación normativa. El Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo que emitir reglas sobre la marcha ante la ausencia de legislación secundaria. Además, no se implementó el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y se decidió que el escrutinio no se realizaría en las casillas, sino en los Consejos Distritales, lo que marcó una diferencia significativa respecto a procesos anteriores.
A nivel internacional, tanto la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestaron preocupación por la reforma. Coinciden en que el nuevo modelo podría politizar la impartición de justicia y debilitar la protección de derechos.
El informe concluye que, si bien existía consenso sobre la necesidad de transformar al Poder Judicial, la vía adoptada no garantiza mejoras sustantivas en su transparencia, eficiencia ni independencia. La MOE/OEA llama a revisar y mejorar el diseño institucional del proceso, proponiendo establecer criterios técnicos obligatorios para evaluar a los postulantes, mayor tiempo para su implementación y garantías para la veeduría ciudadana.
La elección judicial en México representa un caso inédito que redefine la relación entre el Poder Judicial y la ciudadanía, pero cuya ejecución ha generado preguntas sobre su sostenibilidad, legitimidad y consecuencias a largo plazo para el equilibrio democrático.