El debate legislativo sobre la reforma electoral tomó un giro decisivo luego de que el diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez advirtió que la propuesta impulsada por Morena y presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum no puede analizarse como un ajuste técnico ni como una reorganización administrativa. Desde su intervención, el legislador subrayó que el contexto actual está marcado por indicios acumulados de infiltración del crimen organizado en campañas políticas, financiamiento ilícito y ausencia de consecuencias para actores de alto nivel, elementos que —dijo— no pueden quedar fuera de la discusión.
Sánchez Rodríguez señaló que los testimonios públicos, expedientes filtrados, investigaciones abiertas y sanciones internacionales muestran un patrón constante: se detiene a operadores y mandos medios, pero no se investiga a quienes pudieron beneficiarse políticamente. Frente a ello, Acción Nacional estableció una línea roja: no participará en negociaciones sobre una reforma electoral que no coloque como eje central el combate a la infiltración criminal, la fiscalización estricta y las sanciones legales correspondientes.
Entre los puntos que el legislador consideró indispensables se encuentran la nulidad de elecciones cuando se acredite financiamiento ilícito, la pérdida de registro para partidos que postulen candidatos vinculados a estructuras delictivas y la responsabilidad penal para dirigentes que avalen candidaturas con nexos criminales. Afirmó que discutir la reforma como si el país estuviera en condiciones normales sería ignorar que la elección federal de 2024 fue la más violenta registrada.
El vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Jorge Triana Tena, reforzó esta postura al calificar la propuesta presentada por el Ejecutivo como una simulación que evita abordar la captura del sistema político por parte del crimen organizado. Señaló que no se puede reformar al árbitro electoral sin antes limpiar el terreno de juego, y recordó señalamientos públicos que involucran presunto financiamiento ilícito a campañas en distintos estados.
Triana mencionó testimonios y registros de vuelo que vinculan al empresario Sergio Carmona con el financiamiento de campañas y con el uso de aeronaves por parte de actores políticos, lo que —dijo— evidencia la necesidad de mecanismos de fiscalización en tiempo real y acceso a inteligencia financiera.
El posicionamiento de ambos legisladores coloca en el centro del debate legislativo la relación entre seguridad, integridad electoral y responsabilidad política, anticipando una discusión compleja en la que la representación ciudadana, la transparencia y la contención del crimen organizado serán temas ineludibles.