La Cámara de Diputados vivió una jornada marcada por la preocupación y la exigencia de respuestas inmediatas ante el derrame de hidrocarburos que, desde inicios de marzo, afecta más de 630 kilómetros de litoral entre Veracruz y Tabasco. La diputada Laura Ballesteros y el diputado Sergio Gil advirtieron que la magnitud del daño coloca en riesgo a más de 10 millones de personas y demanda una intervención urgente del Estado mexicano.
Durante su posicionamiento, Ballesteros señaló que el derrame ya es visible en playas, ríos y lagunas, con presencia de chapopote y contaminación que ha impactado ecosistemas marinos y actividades económicas esenciales. En Veracruz, recordó, cerca de 300 mil familias dependen de la pesca y el turismo, sectores que enfrentan pérdidas en plena Semana Santa.
La legisladora acusó que la respuesta oficial ha sido lenta e insuficiente, lo que permitió la expansión del daño ambiental en una región que ya enfrenta altos niveles de vulnerabilidad social y de seguridad. Informó que Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo para exigir acciones urgentes de mitigación, investigación, transparencia y remediación, así como la comparecencia de la titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente para explicar causas, responsables y sanciones.
El punto de acuerdo también solicita activar de inmediato el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y establecer una mesa interinstitucional de manejo de crisis coordinada por la Secretaría de Marina, con el fin de contener y mitigar los daños.
Por su parte, Sergio Gil advirtió que el derrame se ha extendido desde Paraíso, Tabasco, hasta Tamiahua, Veracruz, sin que exista claridad sobre su origen. Señaló que, independientemente de si proviene de una instalación pública o privada, el Estado mexicano debe atender la emergencia y garantizar una investigación sin evasivas.
El diputado subrayó la urgencia de otorgar apoyos económicos inmediatos a pescadores, restauranteros, hoteleros y prestadores de servicios turísticos que han detenido actividades por la contaminación. Afirmó que estos apoyos deben ser suficientes y, en muchos casos, a fondo perdido, para evitar cierres definitivos y proteger el sustento de miles de familias, advirtiendo que no debe repetirse el modelo de endeudamiento aplicado durante la pandemia.
Ballesteros cerró su intervención con un llamado a la responsabilidad y la transparencia de las autoridades federales y estatales. Afirmó que esta emergencia no puede minimizarse ni politizarse, pues está en juego la protección del medio ambiente, la economía regional y la salud de millones de personas.
La crónica legislativa del día dejó claro que el derrame en el Golfo ya no es solo un problema ambiental: es una crisis social, económica y de gobernanza que exige decisiones inmediatas y coordinación institucional.