En la Cámara de Diputados se abrió un nuevo frente legislativo en torno a la integridad del deporte profesional. El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (PAN) presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y crear un capítulo específico que sancione la manipulación de resultados, el uso de información privilegiada y las operaciones vinculadas a apuestas ilegales en competiciones profesionales.
La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia, incorpora el Capítulo III Quáter denominado “Delitos contra la integridad del deporte profesional” y añade los artículos 390 Ter, 390 Quáter y 390 Quintus. El eje central es tipificar la manipulación fraudulenta de eventos deportivos, definida como alterar o influir deliberadamente en el resultado, desarrollo o estadísticas de una competencia con el fin de obtener beneficios económicos directos o a través de sistemas de apuestas.
El proyecto establece penas de cuatro a diez años de prisión, multas de hasta cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización e inhabilitación para ocupar cargos en instituciones deportivas por un periodo igual al de la pena impuesta. La iniciativa también contempla sanciones de tres a ocho años de prisión para quienes utilicen información privilegiada para apostar o beneficiar apuestas, así como para quienes ofrezcan dinero u otros beneficios a jugadores, entrenadores, árbitros o directivos con el fin de alterar el curso normal de un partido.
Otro punto relevante es la penalización a clubes deportivos que faciliten operaciones destinadas a ocultar recursos provenientes de apuestas ilegales o fraudes deportivos. Las penas se incrementarían en una mitad cuando las conductas sean cometidas por directivos, presidentes o propietarios de clubes, o cuando ocurran en torneos nacionales o internacionales o mediante casas de apuestas registradas.
En su exposición de motivos, Torres Cofiño advirtió que la creciente relación entre el deporte profesional y las casas de apuestas ha generado riesgos reales para la integridad de las competiciones, especialmente cuando propietarios de clubes tienen intereses financieros en dichas plataformas. Señaló que la participación directa o indirecta de jugadores, árbitros o directivos en apuestas sobre sus propios equipos abre la puerta a prácticas que afectan no solo al deporte, sino también al mercado financiero y a la confianza pública.
El legislador recordó que desde 2021 la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito alertó que México carecía de legislación para penalizar la manipulación deportiva, lo que facilitaba la comisión de estas conductas. Además, citó el Informe Global sobre Corrupción en el Deporte, que identifica la manipulación de competiciones como un problema creciente debido a la transformación económica del deporte y a la complejidad de los riesgos asociados.
Torres Cofiño sostuvo que sin sanciones penales específicas el deporte profesional seguirá expuesto a la corrupción y al fraude. “Esta reforma defiende el juego limpio y protege el valor ético del deporte frente a intereses económicos oscuros”, afirmó.
La iniciativa abre un debate legislativo que podría redefinir el marco jurídico del deporte profesional en México y establecer, por primera vez, un sistema penal orientado a proteger la integridad competitiva en un sector cada vez más vinculado a la industria global de las apuestas.