En la Cámara de Diputados avanzó una nueva discusión legislativa centrada en la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contextos de criminalidad organizada. El diputado Fernando Jorge Castro Trenti, de Morena, presentó una iniciativa para reformar el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de identificación temprana de menores en riesgo de ser captados por grupos delictivos.
La propuesta, turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, establece que autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México deberán implementar medidas específicas para detectar de manera oportuna situaciones en las que menores puedan estar siendo afectados por actividades vinculadas con la delincuencia organizada. Una vez identificados estos casos, las instituciones deberán activar medidas de protección y restitución integral de derechos, que incluyan atención psicosocial, apoyo educativo, fortalecimiento familiar y programas de reintegración social y comunitaria, conforme al interés superior de la niñez y a la Ley General de Víctimas.
El legislador argumentó que niñas, niños y adolescentes requieren protección reforzada ante escenarios de violencia y criminalidad. Recordó que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Comité de los Derechos del Niño han señalado la obligación de los Estados de adoptar políticas públicas y marcos normativos que permitan prevenir, detectar y atender de manera oportuna las distintas formas de violencia que afectan a la infancia, incluidas aquellas relacionadas con explotación, utilización en actividades ilícitas y otras manifestaciones de criminalidad organizada.
Castro Trenti subrayó que, aunque la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece un sistema integral de protección, la evolución de los fenómenos delictivos en diversas regiones del país ha generado desafíos que requieren fortalecer los mecanismos normativos existentes, especialmente en materia de prevención e identificación temprana.
El documento advierte que México carece de estadísticas oficiales específicas sobre reclutamiento de menores por grupos delictivos. Sin embargo, con base en una metodología de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y datos del Inegi, se estima que entre 388 y mil 84 adolescentes fueron privados de la libertad en 2024 por delitos asociados a la delincuencia organizada, lo que sugiere posibles casos de reclutamiento. Además, la Redim y el Observatorio Nacional Ciudadano han señalado que entre 145 mil y 250 mil menores en el país podrían estar en riesgo de ser utilizados por organizaciones criminales.
La iniciativa abre un nuevo capítulo en el debate legislativo sobre la protección de la niñez en contextos de violencia, y plantea la necesidad de actualizar el marco jurídico para responder a un fenómeno cuya magnitud y complejidad siguen en aumento.