El diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, pidió la apertura de investigaciones formales por parte de la Secretaría Anticorrupción y de autoridades estatales ante nuevos indicios de corrupción relacionados con presuntas redes de contratación irregular en Quintana Roo. Según el legislador, existen elementos suficientes para indagar posibles esquemas de desvío de recursos públicos mediante empresas fachada que habrían obtenido contratos gubernamentales con apoyo de estructuras cercanas al oficialismo.
Sánchez Rodríguez afirmó que estos señalamientos reflejan un patrón que, a su juicio, se ha repetido durante la actual administración: el uso del poder público para favorecer a grupos afines mientras se debilitan los mecanismos de transparencia. Sostuvo que los casos recientes muestran contratos diseñados a modo, empresas sin actividad verificable y redes que operan desde posiciones de influencia. “La promesa de acabar con la corrupción quedó en discurso; en los hechos, la corrupción se transformó, pero no desapareció”, declaró.
De acuerdo con la información disponible, las empresas señaladas presentan domicilios fiscales inconsistentes y ausencia de actividad económica real, lo que apunta a posibles esquemas de simulación para acceder a recursos públicos. El legislador advirtió que dependencias federales también han sido mencionadas en la asignación de contratos a estas redes, por lo que consideró necesaria una investigación integral que abarque tanto el ámbito local como el federal.
Sánchez Rodríguez cuestionó que, mientras el gobierno federal mantiene un discurso de confrontación política, los casos de presunta corrupción continúan acumulándose sin consecuencias claras. Señaló que la figura de los llamados “nuevos ricos del bienestar” refleja un sistema que premia la cercanía política por encima de la legalidad. En este contexto, insistió en que el país requiere instituciones que investiguen y sancionen sin distinciones.
El diputado reiteró que la lucha contra la corrupción no puede convertirse en una bandera partidista, sino en una obligación del Estado. Exigió que las autoridades competentes actúen con independencia y que se garantice un proceso de investigación que no responda a intereses políticos. Según dijo, la impunidad selectiva y la justicia condicionada al poder deterioran la confianza pública y profundizan la percepción de opacidad en la administración pública.