En sesión legislativa, el diputado federal del PRI, Erubiel Alonso Que, exhortó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a garantizar la aplicación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en el estado de Tabasco, ante el incremento de la violencia y las condiciones sociales que la agravan.
Mediante un Punto de Acuerdo, el legislador planteó la necesidad de implementar los 12 ejes de seguridad contenidos en dicho plan, que incluyen el fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, atención a las causas mediante educación, empleo, programas sociales y bienestar, así como un programa de desarme voluntario. La propuesta contempla también la consolidación de la Guardia Nacional con equipamiento y capacitación, acciones específicas para la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado, además de reforzar la línea 089 para denuncias anónimas.
El diputado detalló que el plan prevé el despliegue de recursos tecnológicos y unidades especializadas para detener generadores de violencia, el fortalecimiento de la estrategia anticorrupción, la creación de subsedes de la Unidad Antiextorsión y la coordinación con la Defensa, Marina y la Fiscalía General de la República. Asimismo, incluye proyectos de desarrollo económico con bienestar, infraestructura carretera y de agua potable, programas sociales, educación, salud, vivienda, cultura y planes de justicia para pueblos indígenas.
Alonso recordó que, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, 63 por ciento de la población adulta en zonas urbanas considera inseguro vivir en su ciudad. En Villahermosa, la percepción alcanza 90.6 por ciento, apenas cinco puntos menos que el último trimestre de 2024. A ello se suman la contracción económica de Tabasco, con un promedio de -9.69 por ciento en los últimos dos trimestres, y un déficit de seis mil estudiantes en educación básica, factores que inciden en el reclutamiento de jóvenes por grupos criminales.
El legislador subrayó que Tabasco registra un promedio anual de 47 mil 380 carpetas de investigación por delitos del fuero común, más de 130 denuncias diarias, mientras la percepción de corrupción en la procuración de justicia se mantiene elevada: en 2019, 68.4 por ciento de la población consideraba corrupta a la fiscalía estatal, y en 2023 aún lo hacía el 62.5 por ciento.
Ante este panorama, Alonso insistió en que es indispensable replicar el modelo del Plan Michoacán en entidades donde la violencia ha escalado de manera crítica, como Tabasco, garantizando un enfoque integral que atienda no solo la contención del delito, sino también las causas estructurales que lo originan.