En sesión legislativa, el diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, cuestionó la postura del Gobierno Federal frente a los bloqueos que mantienen transportistas y productores de maíz en distintos estados del país. El legislador lamentó que la presidenta Claudia Sheinbaum minimice las demandas de los inconformes, cuya principal exigencia es garantizar seguridad en las carreteras.
Sánchez advirtió que los bloqueos podrían extenderse hacia los accesos de la Ciudad de México, lo que generaría un impacto directo en el abasto de comunidades y agravaría la falta de medicamentos que aún persiste en varias regiones. Señaló que los transportistas han planteado propuestas concretas, como el retiro de policías estatales y municipales de las carreteras, la intervención de la Guardia Nacional y el uso de drones para vigilancia, con el objetivo de reducir el índice delictivo.
El legislador acusó que el Gobierno interpreta las causas legítimas como oportunidades de victimización y que, en lugar de resolver los problemas, apuesta al cansancio social. “Nunca se solucionan los problemas y el cártel de Morena en el Gobierno le apuesta al desgaste de la ciudadanía”, expresó.
Sánchez subrayó que las demandas de los transportistas y productores son necesarias y van más allá de la seguridad en las vías: incluyen la exigencia de un precio justo para el maíz y la apertura al diálogo sobre la reforma de la Ley del Agua. Reafirmó que la oposición está del lado de la economía y de la razón, y que el tema no debe reducirse a un debate político, sino a la atención de los asaltos, extorsiones y asesinatos que ocurren en las carreteras.
El diputado pidió al Gobierno garantizar la seguridad alimentaria, advirtiendo que los bloqueos frenan el paso de insumos y servicios básicos. “La negligencia de Morena ha avanzado de manera negativa en los servicios públicos y ahora está en riesgo la seguridad alimentaria; los transportistas quieren seguridad y vigilancia permanente en sus viajes”, concluyó.
La intervención del legislador se enmarca en el debate legislativo sobre la atención a los reclamos sociales y la necesidad de priorizar soluciones frente a los conflictos que afectan directamente a la población.