En tribuna de la Cámara de Diputados, la vicecoordinadora de Organización Legislativa del Grupo Parlamentario de Morena, Dolores Padierna Luna, afirmó que las reformas en materia de agua representan un cambio de paradigma histórico en la política hídrica del país, al pasar de un modelo centrado en la explotación económica del recurso a uno basado en derechos humanos, sustentabilidad ambiental y justicia social.
Padierna señaló que durante 33 años México operó bajo un marco jurídico que permitió la sobreexplotación de acuíferos, el deterioro en la calidad del agua, la desigualdad en su acceso, la contaminación de las fuentes y el incumplimiento sistemático del mandato constitucional que reconoce el derecho humano al agua. “La reforma coloca en el centro a las personas y no al mercado. El agua deja de ser un negocio para convertirse en un bien público tutelado por el Estado bajo el enfoque de derechos humanos”, sostuvo.
La legisladora explicó que la propuesta se construye sobre cuatro pilares: la constitucionalización efectiva del derecho humano al agua; la reorientación de la política hídrica priorizando el uso doméstico y personal; la reconfiguración del régimen de concesiones, eliminando su transmisión entre particulares y fortaleciendo la rectoría del Estado; y el fortalecimiento de la transparencia mediante la creación de un Registro Nacional del Agua y la tipificación de delitos hídricos.
Asimismo, destacó que el antiguo registro será transformado en un Registro Público Nacional digitalizado, más amplio y accesible, que concentrará información sobre concesiones, volúmenes, usos, vigencias, renovaciones y reasignaciones.
Padierna recordó que la legislación impulsada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari nunca consideró al agua como un derecho humano, sino como una mercancía, lo que derivó en acaparamiento, mercados negros, sobreexplotación y contaminación. Criticó también a quienes hoy dicen defender al campo, pero en el pasado promovieron la privatización del ejido, el desmantelamiento de la producción nacional y el aumento de importaciones de granos, afectando la soberanía alimentaria.
La diputada aseguró que la reforma busca terminar con privilegios y devolver el agua al servicio del pueblo de México. “Por décadas, la sed, las sequías, los plantíos sin agua y las comunidades abandonadas no movieron la voluntad de los acaparadores ni de los malos gobiernos neoliberales. Hoy eso cambia. El agua es un derecho, no una mercancía”, afirmó.
Finalmente, refrendó su respaldo al proyecto de transformación nacional y aseguró que la reforma consolida la rectoría del Estado sobre un recurso vital para la vida.