Durante la discusión del dictamen sobre la reforma al artículo 27 B de la Constitución local, la diputada Ivette Muñoz Cervantes, en representación de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presentó los argumentos técnicos que sustentan la propuesta.
Muñoz Cervantes explicó que la iniciativa tiene como finalidad “precisar y fortalecer los requisitos para acceder a la titularidad del órgano superior de fiscalización del Estado”, con el propósito de asegurar independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
La legisladora detalló que la comisión detectó riesgos en dos escenarios: eliminar totalmente la restricción para exfuncionarios o mantener la veda de cuatro años. Sobre el primer punto, señaló que “la eliminación total del requisito relativo a no haber ocupado determinados cargos públicos podría debilitar la percepción de independencia del órgano fiscalizador”.
Respecto al segundo, indicó que “mantener una restricción fija de 4 años previos a la designación podría resultar excesivo frente al derecho de acceso a los cargos públicos en condición de igualdad”.
Ante ello, la comisión propuso un punto intermedio:
“Se propone establecer que dicha prohibición sea exigible al momento de la publicación de la convocatoria para la designación”.
La diputada también informó que el dictamen elimina referencias a disposiciones constitucionales derogadas y añade el requisito de no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de culto, lo que —según expuso— “fortalece la coherencia normativa y el principio de laicidad del Estado”.
Muñoz Cervantes concluyó que las reformas “contribuyen a fortalecer la autonomía, imparcialidad y credibilidad del órgano de fiscalización del Estado, consolidando el sistema de rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las instituciones públicas”.