Vamos a hacer un recuento de la situación de la Facultad de Derecho de la UMSNH recordemos desde aquella reunión con el secretario de Gobierno en 2025 hasta los procedimientos, suspensiones y confrontaciones de 2026, una sucesión de acontecimientos plantea una pregunta cada vez más difícil de eludir: ¿se investigan responsabilidades reales o se pretende eliminar anticipadamente a un posible contendiente por la Rectoría?
Hay momentos en que la acumulación de coincidencias deja de parecer casual. No porque la reiteración sustituya a la prueba, sino porque llega un punto en que los acontecimientos, colocados cronológicamente, revelan una secuencia que merece ser examinada en su conjunto. Eso es precisamente lo que ocurre con Sergio Carmelo Domínguez Mota, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Durante casi un año se han sucedido señalamientos, procedimientos, intervenciones de distintos órganos universitarios, una separación del cargo, controversias ante la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, actuaciones de la Contraloría, procedimientos ante el Tribunal Universitario, decisiones del Consejo Universitario, juicios de amparo, suspensiones concedidas por jueces federales, restituciones ordenadas judicialmente y nuevos conflictos para hacer efectivas esas determinaciones.
Observado superficialmente, podría parecer una sucesión de problemas administrativos. Visto cronológicamente, aparece otra lectura mucho más inquietante: el intento sistemático de desgastar, aislar y finalmente sacar del escenario político universitario a quien podría convertirse en un contendiente relevante en la próxima sucesión de la Rectoría.
Y para comprender esa hipótesis hay que regresar a septiembre de 2025.
El 4 de septiembre de aquel año ocurrió uno de los episodios que marcaron públicamente el inicio del distanciamiento. La rectora Yarabí Ávila González acudió a la Facultad de Derecho acompañada por funcionarios de la administración central y confrontó públicamente a Sergio Carmelo Domínguez. En las crónicas periodísticas de aquel encuentro apareció un dato que entonces pudo pasar inadvertido, pero que el tiempo convertiría en una pieza importante: el director había sostenido una reunión con el recién nombrado secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor.
No fue una reconstrucción inventada meses después por Domínguez para justificar el conflicto. La reunión fue consignada públicamente desde entonces.
Al día siguiente, Armando Saavedra Magaña publicó en su columna Bajo la Lupa un análisis sobre el deterioro de las relaciones entre el Gobierno del Estado y la Rectoría. En ese contexto relató que distintos actores universitarios comenzaron a acudir a oficinas gubernamentales, mencionó expresamente al director de la Facultad de Derecho y planteó una pregunta extraordinariamente reveladora: si detrás de aquellos movimientos se encontraba la sucesión en la Rectoría.
Tres días después, el 8 de septiembre, Cambio de Michoacán publicó un texto de María Luisa Sáenz Gallegos que fue todavía más explícito. Ahí se consignó que, para muchos universitarios, la reprimenda pública que había recibido Sergio Carmelo se explicaba precisamente por su visita al secretario de Gobierno. La autora colocó el episodio en el contexto del relevo rectoral.
Este antecedente resulta fundamental porque desmonta cualquier intento de presentar la hipótesis política como una explicación fabricada en 2026 después de los problemas jurídicos de Domínguez. Desde septiembre de 2025, cuando todavía faltaban muchos meses para su separación del cargo, ya existían voces públicas que vinculaban la confrontación entre Rectoría y el director de Derecho con la sucesión universitaria.
Lo ocurrido después es lo que convierte aquella advertencia en una pregunta inevitable.
A partir de entonces comenzaron a acumularse señalamientos y procedimientos alrededor de Sergio Carmelo. Y aquí debe establecerse una precisión elemental que con demasiada facilidad se pierde en la propaganda política: ser denunciado no significa ser responsable; ser investigado no significa ser culpable; acumular expedientes no equivale a acumular pruebas.
La responsabilidad no se presume.
Se demuestra.
Y debe demostrarse mediante procedimientos en los cuales quien acusa soporte la carga correspondiente y el señalado pueda conocer exactamente los hechos atribuidos, acceder a las pruebas, controvertirlas, ofrecer las propias, formular alegatos y obtener finalmente una resolución fundada y motivada de una autoridad imparcial.
Mientras eso no ocurra, hablar de responsabilidades como si estuvieran acreditadas significa invertir una de las reglas más elementales del Estado de Derecho.
Sergio Carmelo no tiene jurídicamente que demostrar su inocencia frente a cada versión que se haga circular en su contra. Quienes sostengan que incurrió en alguna responsabilidad tienen la obligación de demostrarlo. Y hacerlo dentro de un procedimiento regular, no mediante comunicados, filtraciones, rumores, declaraciones públicas o condenas anticipadas.
Precisamente ahí aparece uno de los aspectos más preocupantes de esta historia.
El 16 de junio de 2026, el Consejo Universitario aprobó separarlo de la Dirección de la Facultad de Derecho. La decisión fue cuestionada inmediatamente por la manera en que se produjo y particularmente por la ausencia de una oportunidad previa y efectiva de defensa. El asunto terminó ante la justicia federal.
Y los jueces federales intervinieron.
Este dato no puede reducirse a una anécdota procesal. Las suspensiones concedidas dentro de los juicios de amparo no constituyen sentencias definitivas sobre el fondo, pero tampoco son actos decorativos. Cuando un órgano jurisdiccional federal encuentra elementos suficientes para conceder protección cautelar frente a actos de autoridades universitarias, existe cuando menos una controversia constitucional seria que impide presentar la actuación institucional como jurídicamente incontrovertible.
Lo verdaderamente revelador es lo ocurrido después.
Cuando una vía institucional parecía encontrar un límite judicial, aparecía otra controversia.
Consejo Universitario.
Contraloría.
Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios.
Tribunal Universitario.
Nuevos procedimientos.
Nuevas acusaciones.
Nuevos obstáculos.
Y nuevamente tribunales federales.
La reiteración obliga a formular una pregunta que la Rectoría debería estar interesada en responder con transparencia: ¿cuántos procedimientos son necesarios para determinar una responsabilidad y cuántos empiezan a parecer necesarios simplemente para mantener a una persona permanentemente sometida a procedimientos?
Porque también existe una forma institucional de hostigamiento que no necesita gritos ni amenazas. Basta convertir la vida cotidiana de un funcionario en una sucesión interminable de expedientes, requerimientos, comparecencias, acusaciones y defensas. Basta obligarlo a destinar su tiempo a responder procedimientos mientras paralelamente se instala ante la opinión pública la percepción de que “algo habrá hecho” porque existen demasiadas investigaciones en su contra.
Ese mecanismo resulta especialmente perverso porque convierte la existencia misma del procedimiento en castigo.
Y entonces deja de importar demasiado cómo termina cada expediente.
La sanción política ya ocurrió.
Se sembró la sospecha.
Se erosionó la reputación.
Se dificultó el ejercicio del cargo.
Se obligó al señalado a defenderse permanentemente.
Y, sobre todo, se intenta llegar a la sucesión rectoral con un eventual adversario debilitado, cuestionado o jurídicamente apartado.
Ahí puede encontrarse el verdadero centro de esta historia.
La próxima sucesión en la Universidad Michoacana tendrá características distintas. La participación de la comunidad universitaria tiene ahora un peso institucional para conformar el cuarteto de dos mujeres y dos hombres del cual habrá de surgir la próxima persona titular de la Rectoría. No se trata estrictamente de una elección universal y directa, pero tampoco de la sucesión cerrada que durante décadas permitió administrar el relevo fundamentalmente desde las élites universitarias.
En ese escenario, el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales adquiere inevitablemente peso político.
No dirige una dependencia marginal.
Encabeza una de las comunidades universitarias de mayor población, con presencia académica y territorial significativa. En un procedimiento en el cual la opinión de la comunidad adquiere relevancia para conformar el grupo final, llegar con el respaldo de una dependencia de semejante dimensión representa un capital político que difícilmente puede ser ignorado.
Por eso la cuestión puede ser mucho más sencilla de lo que aparentan decenas de expedientes.
No necesariamente se trataría de demostrar que Sergio Carmelo es culpable de algo. Bastaría conseguir que no llegue políticamente vivo al proceso sucesorio.
Desgastarlo.
Separarlo de la Dirección.
Mantenerlo bajo investigación.
Debilitar su interlocución.
Convertirlo permanentemente en acusado.
Y, si fuera necesario, conseguir una sanción que permita apartarlo definitivamente del escenario antes de que la comunidad universitaria pueda pronunciarse.
Ésa es la hipótesis que los acontecimientos obligan a examinar.
No puede afirmarse sin pruebas que exista una instrucción escrita o una reunión en la que alguien haya ordenado “sacar a Sergio Carmelo de la sucesión”. Sería irresponsable afirmarlo. Pero tampoco hace falta imaginar conspiraciones para reconocer que los efectos objetivos de todo lo ocurrido caminan exactamente en esa dirección: erosionar las condiciones políticas, administrativas e institucionales desde las cuales el director de Derecho podría participar en el proceso sucesorio.
Y existe un elemento adicional particularmente significativo.
Cuando a Sergio Carmelo se le ha preguntado por sus eventuales aspiraciones a la Rectoría, su respuesta ha evitado convertir anticipadamente el conflicto institucional en una campaña personal:
“Respeto la figura de la Dra. Yarabí; ella es la Rectora en funciones, pero debemos regresar a la Universidad el imperio del Estado de Derecho y la armonía universitaria”.
La frase merece atención precisamente por aquello que no dice.
No proclama una candidatura.
No desconoce a la Rectora.
No exige anticipadamente el cargo.
No convierte una aspiración en un derecho adquirido.
Coloca la discusión en otro terreno: Estado de Derecho y armonía universitaria.
Quizá precisamente ahí se encuentre una de las paradojas del conflicto. Mientras Domínguez evita públicamente adelantar una candidatura y reconoce a Yarabí Ávila como Rectora en funciones, buena parte de los acontecimientos que lo rodean parecen tratarlo como si ya fuera un adversario electoral al que fuera indispensable neutralizar.
Y surge entonces una pregunta elemental: ¿por qué tanta preocupación por alguien que formalmente ni siquiera ha construido su discurso público alrededor de una candidatura?
La respuesta podría estar precisamente en su potencial.
En una sucesión con mayor participación de la comunidad, dirigir la Facultad con mayor población universitaria puede significar una posición privilegiada para alcanzar el cuarteto final. Y entrar en ese cuarteto significa entrar realmente a la disputa.
Por eso el objetivo político, si efectivamente existiera una estrategia de exclusión, no tendría necesariamente que consistir en derrotarlo.
Sería mucho más eficiente impedir que llegue.
En los pasillos del edificio de Rectoría circula ahora una versión especialmente delicada: que vendría una sanción del Tribunal Universitario y que ésta tendría que producirse “sí o sí”, independientemente de la verdadera consistencia de los elementos existentes en el expediente.
Debe decirse con absoluta claridad: esa versión no puede presentarse hoy como un hecho demostrado.
Pero tampoco debe ignorarse.
Precisamente porque el rumor existe, el Tribunal Universitario tiene ante sí una oportunidad histórica de demostrar su independencia. Si existe un procedimiento contra Sergio Carmelo, deberá resolverlo exclusivamente conforme a las pruebas. Sin presiones. Sin calendarios políticos. Sin considerar quién aspira o deja de aspirar a la Rectoría. Sin convertirse consciente o inconscientemente en la última estación de una ruta destinada a producir la consecuencia que otros órganos no han conseguido consolidar.
Si existen pruebas suficientes, deberán exponerse, controvertirse y valorarse.
Si no existen, deberá declararse así.
Lo que resultaría institucionalmente devastador sería que apareciera una sanción predeterminada cuyo efecto práctico coincidiera exactamente con aquello que desde septiembre de 2025 comenzó a plantearse en el debate político universitario: sacar al director de Derecho de la carrera sucesoria.
Porque entonces la pregunta dejaría de ser únicamente qué hizo Sergio Carmelo.
La pregunta sería qué están haciendo las instituciones universitarias con Sergio Carmelo.
Y ésa es una diferencia enorme.
Durante demasiado tiempo la narrativa pública ha colocado al director de Derecho en el banquillo, obligándolo implícitamente a explicar cada acusación, cada expediente y cada rumor. Tal vez sea momento de invertir la pregunta y dirigirla hacia quienes ejercen el poder.
¿Qué responsabilidades han quedado definitivamente acreditadas?
¿Mediante qué resolución firme?
¿Después de qué procedimiento?
¿Qué pruebas fueron valoradas?
¿Qué oportunidad efectiva de defensa existió?
¿Por qué fue necesaria la intervención reiterada de la justicia federal?
¿Por qué, desde aquella reunión con Raúl Zepeda en 2025, la relación institucional terminó transformándose en una confrontación prácticamente permanente?
Y, sobre todo, ¿por qué todo ello produce exactamente el efecto político de debilitar a quien podría convertirse en un contendiente serio en la sucesión rectoral?
La Universidad Michoacana no puede permitir que la próxima Rectoría se decida mediante eliminación administrativa.
Los aspirantes deben competir con trayectorias.
Con proyectos.
Con capacidad académica.
Con liderazgo.
Con respaldo universitario.
Y finalmente bajo las reglas que establezca la normatividad.
Pero nunca mediante la utilización de órganos administrativos, disciplinarios o jurisdiccionales para despejar previamente el tablero.
Si Sergio Carmelo carece de respaldo, que sea la comunidad universitaria la que lo demuestre.
Si existe alguien con mayor autoridad académica, que lo supere.
Si hay mejores proyectos, que convenzan.
Si otros aspirantes cuentan con mayor reconocimiento, que obtengan la preferencia universitaria.
Pero que nadie pretenda ganar una sucesión evitando primero que los adversarios lleguen a la competencia.
Ése sería el peor mensaje posible para una Universidad que pretende inaugurar una nueva etapa democrática.
Y existe finalmente una circunstancia que convierte esta historia en algo mucho mayor que la disputa personal entre una Rectora y un director.
Yarabí Ávila terminará su periodo.
Sergio Carmelo terminará algún día el suyo.
Los nombres pasarán.
La pregunta institucional permanecerá.
¿Puede una Rectoría utilizar —directa o indirectamente— el enorme aparato administrativo universitario contra quien considera políticamente incómodo?
¿Pueden multiplicarse procedimientos hasta encontrar alguno que produzca el resultado esperado?
¿Puede transformarse una acusación no demostrada en una condena social mediante su repetición?
¿Puede un órgano universitario sancionar sin ofrecer garantías efectivas de defensa?
¿Puede utilizarse el derecho disciplinario para producir consecuencias electorales?
Si la respuesta a cualquiera de esas preguntas fuera afirmativa, el problema ya no sería Sergio Carmelo.
El problema sería la Universidad.
Por eso aquella reunión con Raúl Zepeda en 2025 adquiere hoy una importancia que probablemente nadie imaginó entonces. Poco después vino la reprimenda pública. Después las acusaciones. Luego los procedimientos. Después la separación. Más tarde los amparos. Luego las restituciones. Después los obstáculos. Y ahora aparece nuevamente la posibilidad de otra sanción.
Demasiados acontecimientos apuntando hacia una misma consecuencia política.
Sacar a Sergio Carmelo del juego antes de que empiece el juego.
Hace aproximadamente un año, cuando apenas comenzaban estos acontecimientos, ya hubo quien colocó públicamente la sucesión rectoral detrás de aquella confrontación. El tiempo no ha disipado aquella sospecha.
La ha hecho más difícil de ignorar.
Y por eso quizá la frase con la que Sergio Carmelo responde cuando se le pregunta por la Rectoría termine sintetizando el verdadero dilema que enfrenta hoy la Casa de Hidalgo:
“Respeto la figura de la Dra. Yarabí; ella es la Rectora en funciones, pero debemos regresar a la Universidad el imperio del Estado de Derecho y la armonía universitaria”.
Antes de discutir quién debe ocupar la próxima Rectoría, quizá la Universidad Michoacana tenga que resolver algo todavía más importante:
si llegará a esa sucesión permitiendo que la comunidad valore libremente a todos quienes legítimamente puedan participar, o si alguien habrá decidido previamente quién debe ser eliminado del camino.
Porque una elección puede tener urnas, consultas, cuartetos y procedimientos formalmente democráticos.
Pero si antes de comenzar se utiliza el poder para sacar del tablero a quien puede competir, la democracia habrá sido derrotada antes de emitir el primer voto.
Así se mueve el tablero. Así se lee Detrás del Poder