Detrás del Poder; Voces y Realidades: La autonomía no es propiedad de la rectora: Yarabí Ávila busca mantener el control de la UMSNH

by Enlace Noticias

En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo hay algo más que una discusión legislativa sobre la autonomía. Detrás del enfrentamiento entre Yarabí Ávila González y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se encuentra una disputa por el control de la institución, por las reglas de sucesión y por la capacidad de decidir quién conducirá la Casa de Hidalgo durante los próximos cuatro años.

Y en esta disputa hay una pregunta que no debe perderse de vista: ¿la rectora está defendiendo la autonomía universitaria o está utilizando ese principio para proteger su administración y conservar influencia sobre las decisiones de la Universidad?

Ávila González decidió subir el tono. En un mensaje difundido durante la noche, acusó al gobernador de intentar dar un «albazo» y un «machetazo» a la Universidad, responsabilizándolo de promover una reforma que, según su interpretación, pretende arrebatarle a la comunidad nicolaita el derecho a decidir sobre su Rectoría.

Pero hay algo que la rectora parece olvidar: la autonomía universitaria no es suya, no le pertenece a su administración y mucho menos puede convertirse en una protección personal frente a los cuestionamientos que enfrenta.

Defender la autonomía no significa defender a quien ocupa temporalmente la Rectoría. Mucho menos implica que las decisiones de su administración deban quedar fuera del escrutinio público.

Aquí comienza la contradicción.

La rectora habla de democracia universitaria, pero el Consejo Universitario aprobó el reglamento electoral en una sesión que generó cuestionamientos sobre la convocatoria, los tiempos y las condiciones de participación. Posteriormente, ese mismo órgano determinó aplazar la elección hasta el 10 de noviembre de 2027, argumentando falta de garantías jurídicas, seguridad y gobernabilidad.

¿Dónde queda entonces la urgencia de democratizar la Universidad? ¿Por qué se aprueba un reglamento para elegir a la próxima autoridad y después se pospone el proceso por más de un año?

La decisión no es menor. El periodo para el que fue designada Yarabí Ávila concluye el 8 de enero de 2027. Por tanto, el aplazamiento de la elección obliga a explicar quién conducirá la institución durante ese periodo, bajo qué fundamento legal y con qué facultades.

No se puede afirmar, sin documentos, que la rectora haya conseguido una extensión personal de su mandato. Sin embargo, sí es legítimo cuestionar si las decisiones de su administración buscan conservar el control de la estructura universitaria y condicionar el proceso de sucesión.

Tampoco debe perderse de vista que existen tres solicitudes de juicio político contra Ávila González que superaron la etapa inicial de revisión en el Congreso. Los expedientes contienen señalamientos que deben ser examinados por las instancias competentes. No representan una declaración de culpabilidad, pero tampoco pueden desaparecer del debate público por el simple hecho de que la rectora invoque la autonomía.

Yarabí Ávila ha optado por presentar buena parte de los cuestionamientos como una persecución política. Habla de violencia política en razón de género, asfixia financiera, ciberataques y sabotaje. Son acusaciones que deben investigarse y, si existen elementos, acreditarse ante las autoridades correspondientes.

Lo que no resulta aceptable es que cualquier señalamiento contra su administración sea colocado automáticamente en la categoría de ataque a la autonomía universitaria.

También hay que decirlo: el gobierno estatal y el Congreso tienen la obligación de demostrar que sus actuaciones respetan la Constitución y el autogobierno universitario. Ninguna reforma debe convertirse en un instrumento para controlar la Universidad desde fuera. Pero ese principio tampoco concede a la Rectoría el derecho de controlar la institución sin rendir cuentas.

No se trata de defender al gobernador ni de justificar las decisiones legislativas. Se trata de evitar que la Universidad quede atrapada entre dos intereses de poder que pretenden definir su futuro sin colocar en el centro a estudiantes, profesores, investigadores y trabajadores.

La frase de la rectora «la Universidad Michoacana no está con el gobernador» parece buscar una separación política que, en principio, debería ser natural en una institución autónoma. La pregunta es por qué esa misma exigencia de independencia no se acompaña de garantías de participación, transparencia y pluralidad dentro de la propia Universidad.

La Casa de Hidalgo no puede convertirse en patrimonio de una administración, ni su Consejo Universitario en un instrumento para asegurar la continuidad de un grupo. La autonomía exige contrapesos, deliberación y respeto a las distintas voces de la comunidad.

Y si la rectora considera que las acusaciones en su contra son infundadas, tiene las instancias legales para demostrarlo. Si considera que la reforma vulnera la autonomía, también tiene derecho a recurrir a los tribunales. Lo que no puede hacer es pretender que la defensa jurídica de su posición sustituya las explicaciones que la sociedad y la comunidad universitaria tienen derecho a exigirle.

La Universidad Michoacana necesita recuperar su vida institucional, no profundizar una confrontación que termina desplazando los problemas académicos, financieros, laborales y administrativos que también requieren atención.

La autonomía no se negocia, pero tampoco se utiliza como escudo personal. No es una patente para conservar posiciones, controlar órganos colegiados o evitar responsabilidades.

Yarabí Ávila debe entender que defender a la Universidad no es lo mismo que defender su Rectoría. La institución está por encima de cualquier titular y su futuro no puede quedar condicionado por la resistencia de una administración a entregar el control de sus decisiones.

Así se mueve el tablero. Así se lee Detrás del Poder.

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