La historia demuestra que las mayores restricciones a la libertad de expresión rara vez llegan con la palabra «censura». Llegan envueltas en conceptos que pocos se atreverían a rechazar: protección, derechos, ética, responsabilidad, combate a la desinformación o defensa de las audiencias.
Eso es precisamente lo que hoy merece una discusión de fondo.
La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentada por el Gobierno federal, parte de un principio que difícilmente puede cuestionarse: toda audiencia tiene derecho a recibir información veraz, distinguir entre noticias, opinión y publicidad, contar con mecanismos de queja y acceder a defensores de las audiencias. Son derechos previstos en la Constitución y nadie podría oponerse a ellos.
El debate comienza cuando esos principios se trasladan al terreno de la regulación.
La administración federal insiste en que no existe censura. La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que se trata de un esquema de autorregulación y que el propósito no es sancionar a los medios, sino fortalecer la veracidad informativa. Incluso afirma que las multas serán la última instancia y que la regulación se limita a radio y televisión.
Sin embargo, el periodismo no puede conformarse únicamente con la intención declarada de una ley; debe analizar también sus efectos potenciales.
El concepto de «información veraz» parece sencillo, pero en la práctica es uno de los más complejos dentro de cualquier democracia. La verdad periodística es resultado de investigación, contraste de fuentes y evidencia disponible en un momento determinado. No siempre coincide con la versión oficial de los hechos.
Cuando una legislación incorpora procedimientos para determinar si una información fue «parcial», «falsa» o «descontextualizada», inevitablemente aparece una pregunta incómoda: ¿quién establecerá esa frontera?
Los nuevos lineamientos prevén códigos de ética obligatorios, defensorías de audiencias, procedimientos de quejas y, eventualmente, sanciones económicas cuando existan incumplimientos.
Por sí mismos, estos mecanismos no constituyen censura.
Pero sí pueden convertirse en instrumentos de presión si quienes gobiernan —hoy o mañana— encuentran en ellos una vía para inhibir investigaciones incómodas.
La preocupación no es exclusiva de México. Organismos internacionales dedicados a la libertad de expresión han advertido durante años que las regulaciones sobre contenidos deben superar pruebas muy estrictas de independencia, proporcionalidad y certeza jurídica. Cuando los conceptos son ambiguos, el riesgo del llamado «efecto inhibidor» aumenta: periodistas y medios comienzan a evitar ciertos temas para reducir litigios, sanciones o procedimientos administrativos.
Ese es el verdadero riesgo.
No la multa.
No la consulta pública.
Sino la posibilidad de que el costo de investigar al poder termine siendo más alto que el beneficio social de publicar.
También existe otro elemento que merece atención.
El Gobierno sostiene que las defensorías serán internas y que el proceso corresponde a la autorregulación de los propios medios. Sin embargo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones conserva facultades para intervenir cuando las quejas no sean atendidas y, como última instancia, imponer sanciones.
Ahí es donde la independencia institucional deja de ser un asunto técnico para convertirse en una condición democrática.
Porque toda regulación sobre medios debe construirse bajo una premisa elemental: el poder político nunca debe tener incentivos, ni herramientas, para convertirse en árbitro de la información que lo fiscaliza.
Las democracias necesitan mejores medios.
Necesitan periodismo responsable.
Necesitan mecanismos que permitan corregir errores.
Pero necesitan todavía más medios libres capaces de investigar corrupción, documentar abusos y cuestionar al poder sin temor a que una interpretación administrativa termine convirtiéndose en un mecanismo de presión.
La consulta pública representa una oportunidad para enriquecer los lineamientos. Sería un error desperdiciarla convirtiéndola únicamente en un trámite. Lo que está en discusión no es únicamente la protección de las audiencias; también está en juego el delicado equilibrio entre el derecho a recibir información y la libertad de quien la produce.
Porque una democracia no se fortalece cuando el gobierno promete que no censurará.
Se fortalece cuando las leyes hacen imposible que cualquier gobierno —sin importar quién ocupe el poder— pueda hacerlo.