En la Cámara de Diputados se encendió una alerta legislativa tras el derrame petrolero en el Golfo de México, un desastre ambiental que, según el diputado Rubén Moreira Valdez (PRI), el gobierno federal intentó minimizar hasta que la presión social obligó a reconocer su magnitud. El legislador informó que presentó una solicitud formal de comparecencia para funcionarios de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente, Petróleos Mexicanos y la Profepa, con el fin de esclarecer responsabilidades y transparentar la información.
Moreira denunció que la reacción tardía, las versiones contradictorias y la falta de claridad oficial evidencian un intento de encubrimiento. “Si no fuera por la presión social, estaríamos ante un desastre oculto”, afirmó. El diputado subrayó que la contaminación ya afecta más de 630 kilómetros de mar, una extensión equivalente a recorrer de la Ciudad de México a San Luis Potosí observando petróleo a lo largo del camino.
Acompañado por el conservacionista Ignacio Loera y el abogado Miguel Ángel Sulub, el legislador expuso que las comunidades costeras enfrentan pérdidas económicas inmediatas por la suspensión de actividades pesqueras. Loera advirtió que en algunas zonas la pesca podría detenerse hasta por dos años, con impactos severos en manglares, arrecifes y especies protegidas como tortugas marinas, delfines, manatíes, ostiones y camarones. También alertó sobre riesgos a la salud por intoxicaciones y por la participación de ciudadanos en labores de limpieza sin equipo adecuado.
El especialista señaló que más de la mitad de los puntos contaminados están siendo atendidos por habitantes locales sin apoyo suficiente del gobierno. “Los manglares contaminados pueden morir, los arrecifes pueden colapsar y las especies protegidas están en riesgo”, enfatizó.
Por su parte, Miguel Sulub advirtió que el incidente podría estar relacionado con la falta de mantenimiento en la infraestructura petrolera. Recordó que durante la actual administración el presupuesto destinado a este rubro ha disminuido alrededor de 43 por ciento, lo que incrementa la probabilidad de fallas en plataformas y ductos. “La reducción presupuestal es un factor que no puede ignorarse”, sostuvo.
Moreira criticó que las autoridades no hayan determinado el origen del derrame, pese a mencionar hipótesis que van desde un buque hasta emanaciones naturales o fallas en Cantarell. “Parece más un intento de justificar que de rendir cuentas”, señaló. También advirtió que la mayoría parlamentaria de Morena podría bloquear las comparecencias solicitadas, lo que —dijo— los convertiría en “cómplices de esta tragedia”.
El legislador alertó que el derrame continúa expandiéndose desde Campeche hacia Tamaulipas, con riesgo de alcanzar la frontera con Estados Unidos. “Estamos ante una crisis ambiental, social y económica que exige respuestas claras, responsables identificados y acciones inmediatas. Lo que no podemos permitir es la negligencia ni el encubrimiento”, concluyó.
El tema quedó instalado en el centro del debate legislativo y promete escalar en las próximas sesiones, mientras comunidades, especialistas y organizaciones exigen transparencia y medidas urgentes para contener el daño.