La difusión de un cuarto audio atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, abrió una nueva línea de señalamientos sobre una presunta investigación de autoridades de Estados Unidos y una posible propuesta para que la mandataria colaborara mediante una figura conocida como proffer letter.
El material fue difundido por el periodista Gildo Garza en Telefórmula y posteriormente retomado por el semanario ZETA, que reportó haber consultado a un agente estadounidense sobre el contenido de la grabación. De acuerdo con esa publicación, el funcionario dijo no tener conocimiento de que Ávila Olmeda hubiera firmado una carta de este tipo.
La grabación, cuya autenticidad no ha sido establecida públicamente, contiene una conversación en la que un intermediario le plantea presuntamente a la gobernadora la posibilidad de proporcionar información a autoridades estadounidenses bajo los términos de una proffer letter.
“Esta es la última oportunidad que podemos ofrecer porque las agencias, ahorita, no quieren hablar con usted porque ellos sienten que han perdido el tiempo y esta es la única manera que puede haber y frenar los cargos o sanciones a tiempo”, se escucha en el audio difundido.
Posteriormente, otro participante le explica que un agente estadounidense le indicaría los pasos que tendría que seguir y la intervención que podría tener su abogado.
“Él te va a decir lo que tienes qué hacer para que veas la situación y cómo tu abogado te puede ayudar”, señala la grabación.
En otro momento, una voz identificada en el material como un agente estadounidense recomienda a la mandataria acudir con su defensa legal.
“Mi consejo es que se reúna con su abogado y prepare lo que se conoce como una carta proffer”, se escucha.
De acuerdo con ZETA, el concepto de proffer letter corresponde a un acuerdo mediante el cual una persona investigada puede proporcionar información a fiscales estadounidenses bajo determinadas condiciones sobre el uso que podrá darse a esa información.
Reportan investigaciones contra la gobernadora y su entorno
Consultado por ZETA sobre los posibles delitos investigados, el funcionario estadounidense citado por el semanario respondió: “Varios; por eso siguen más investigaciones para decidir cuáles cargos para llevar contra ella, su esposo, otros con vínculos al crimen organizado”.
El señalamiento no constituye una acusación formal ni acredita que existan cargos presentados contra la gobernadora. Tampoco se ha informado oficialmente que Ávila Olmeda haya firmado una proffer letter.
La publicación de este cuarto audio ocurre después de otros registros difundidos durante las últimas semanas. En julio, circuló otra grabación atribuida a la mandataria en la que presuntamente manifiesta disposición para proporcionar información al Buró Federal de Investigaciones (FBI), incluida información relacionada con reuniones de seguridad.
La autenticidad y el contexto de esos materiales tampoco han sido acreditados públicamente.
Antecedente de la revocación de visas
El nuevo episodio se suma al antecedente de mayo de 2025, cuando Estados Unidos revocó las visas de no inmigrante de Marina del Pilar Ávila y de su entonces esposo, Carlos Torres Torres. Ambos confirmaron públicamente la medida, aunque el gobierno estadounidense no dio a conocer los motivos.
En ese momento, Ávila Olmeda sostuvo que la cancelación de su visa correspondía a una decisión administrativa y afirmó que no significaba que hubiera cometido algún delito.
La difusión del nuevo audio coloca nuevamente bajo escrutinio la relación de la gobernadora con autoridades estadounidenses, pero hasta ahora no existe una confirmación oficial de que haya una proffer letter firmada, de los delitos que presuntamente se investigan o de que Estados Unidos haya presentado cargos contra la mandataria.
Por ello, el contenido de las grabaciones debe distinguirse de hechos jurídicamente acreditados: se trata de materiales cuya autenticidad, origen, contexto y alcance requieren corroboración oficial antes de establecer responsabilidades o afirmar la existencia de una investigación penal determinada.