CPI acusa a Estados Unidos de atacar la justicia internacional con sanciones a jueces y fiscales

by Enlace Noticias

La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra jueces y fiscales de la institución, al considerar que constituyen un ataque a su independencia judicial y ponen en riesgo el funcionamiento del sistema internacional de justicia. La controversia escaló con las advertencias del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, y de expertos independientes en derechos humanos, quienes alertaron sobre las consecuencias de estas medidas para las víctimas de crímenes internacionales.

La Corte sostuvo que las sanciones afectan no solo a sus integrantes, sino también a las personas que recurren al tribunal después de agotar otras vías para obtener justicia. En su pronunciamiento, advirtió que las restricciones buscan obstaculizar las investigaciones e intimidar a quienes tienen la responsabilidad de aplicar la ley internacional.

La presidenta de la CPI, Tomoko Akane, afirmó que la institución continuará ejerciendo sus funciones con independencia e imparcialidad, con apego al Estatuto de Roma y a las pruebas disponibles. “La Corte no se dejará amedrentar”, declaró al reiterar que su trabajo responde al interés de las víctimas de crímenes internacionales.

Guterres condenó las sanciones al advertir que ponen en peligro la capacidad del tribunal para cumplir su mandato y representan un golpe a la justicia penal internacional. También llamó a los Estados a respetar sus obligaciones jurídicas y respaldar los mecanismos de rendición de cuentas por los delitos más graves.

En la misma línea, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó las medidas de “inaceptables” y pidió su retiro inmediato.

Expertos alertan sobre un retroceso en la justicia internacional

Expertos independientes de la ONU advirtieron que las sanciones representan un intento de debilitar el sistema jurídico internacional construido para investigar y sancionar crímenes que afectan a la comunidad internacional.

“Sancionar a la institución encargada de impartir justicia por los crímenes internacionales más graves es un asalto a los cimientos de la rendición de cuentas internacional y del Estado de derecho”, señalaron.

Los especialistas sostuvieron que ningún Estado debe quedar fuera del alcance de la ley mediante presiones contra el tribunal encargado de hacerla cumplir. También advirtieron que las medidas perjudican directamente a las víctimas de atrocidades, así como a las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos que colaboran con la Corte.

Los expertos describieron el sistema de justicia penal internacional como una estructura que enfrenta el riesgo de perder capacidad operativa si las sanciones se extienden a sus instituciones, funcionarios y colaboradores. Recordaron que este sistema se desarrolló a partir de los procesos de Núremberg y Tokio, así como de los tribunales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda.

A su juicio, las restricciones pueden debilitar progresivamente los mecanismos creados para evitar que los delitos más graves queden impunes.

Las órdenes de arresto, en el centro de la disputa

Las sanciones se producen en medio de las tensiones entre Washington y la CPI por las investigaciones del tribunal, entre ellas las que derivaron en órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces exministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant.

Ni Estados Unidos ni Israel son Estados parte del Estatuto de Roma, tratado que estableció la Corte Penal Internacional. Sin embargo, la CPI cuenta con 125 Estados parte, según la información proporcionada por la institución, y tiene competencia para investigar y juzgar los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión, conforme a las condiciones previstas en su marco jurídico.

La Corte ha defendido que sus actuaciones se desarrollan con base en el derecho y las pruebas, y que su mandato no debe quedar condicionado por presiones políticas o económicas.

La escalada de sanciones anunciada en agosto de 2026 se suma a medidas anteriores contra jueces, fiscales y otros funcionarios actuales y anteriores de la institución. De acuerdo con los datos incluidos en los pronunciamientos, las designaciones han alcanzado a nueve de los 18 jueces de la CPI, a los dos fiscales adjuntos, al exfiscal y a un integrante del personal.

Entre las personas sancionadas figuran la presidenta de la Corte, Tomoko Akane, de Japón, y el abogado principal de la Fiscalía, Abdoulaye Seye, de Senegal. En rondas anteriores también fueron sancionados los jueces Kimberly Prost, de Canadá, y Nicolas Guillou, de Francia, así como los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan, de Fiyi, y Mame Mandiaye Niang, de Senegal.

Los expertos de la ONU señalaron que las medidas se inscriben en una estrategia que ya había afectado a más de diez jueces y funcionarios actuales o anteriores de la CPI, además de una relatora especial de Naciones Unidas, mediante la Orden Ejecutiva 14203 de 2025.

Presionan a la Unión Europea para frenar los efectos de las sanciones

Ante las consecuencias de las restricciones, los expertos independientes pidieron a la Unión Europea activar de inmediato su Estatuto de Bloqueo, mecanismo destinado a impedir que determinados operadores europeos cumplan sanciones extraterritoriales de terceros países cuando estas entren en conflicto con las disposiciones aplicables de la legislación europea.

La petición incluye a bancos y proveedores de servicios que podrían verse afectados por las medidas estadounidenses. Los especialistas también instaron a otros países que cuenten con mecanismos jurídicos similares a utilizarlos para proteger a la Corte, a sus trabajadores, a las víctimas y a quienes cooperan con las investigaciones.

Asimismo, solicitaron a los Estados miembros que ratifiquen y apliquen el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la CPI, con el propósito de reducir los efectos de las sanciones sobre el funcionamiento de la institución.

Los expertos pidieron a los gobiernos de los países cuyos ciudadanos trabajan en la Corte —cuyo personal procede de alrededor de un centenar de naciones— adoptar medidas concretas para evitar que los funcionarios enfrenten individualmente las consecuencias de las restricciones. También llamaron a garantizar la protección de las organizaciones civiles y de los defensores de derechos humanos que colaboran con el tribunal.

La Presidencia de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma también ha expresado su rechazo a las sanciones, al advertir que pueden obstaculizar investigaciones en curso y debilitar los esfuerzos internacionales para exigir responsabilidades por los crímenes más graves.

“Es hora de que los Estados se mantengan unidos en defensa de esta Corte y del sistema de justicia internacional que encarna. El silencio y la inacción solo envalentonarán nuevos ataques”, concluyeron los expertos, quienes informaron que mantienen contacto con el Gobierno estadounidense para transmitirle sus preocupaciones.

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