El Consejo Profesional de Empresarios de México (CPEM) fijó una postura crítica frente a la reforma constitucional que plantea disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales para 2030. El organismo advirtió que el país no cuenta con las condiciones económicas ni de infraestructura necesarias para una transición que, afirmó, podría comprometer la operación de las micro, pequeñas y medianas empresas.
En un posicionamiento público, Isaac Díaz González, presidente del CPEM, señaló que la reducción escalonada —dos horas por año a partir de 2026— trasladaría la totalidad de los costos al sector productivo. Recordó que las empresas ya enfrentan incrementos recientes al salario mínimo y una carga tributaria que calificó como la más alta en años.
Advertencias sobre el empleo formal
El Consejo subrayó que la iniciativa llega en un contexto de señales negativas en el mercado laboral y en la inversión. Entre los indicadores mencionados destacan:
- Disminución en la creación de empleo formal en enero, un comportamiento que no se registraba desde la crisis económica de 2009.
- Caída acumulada de 15 meses en la Inversión Fija Bruta, reflejo de un menor dinamismo en sectores estratégicos.
- Reducción del 28% en la inversión pública, lo que, según el organismo, limita la capacidad del Estado para impulsar crecimiento y productividad.
Díaz González sostuvo que imponer nuevos costos sin fortalecer previamente el entorno económico podría derivar en una contracción del empleo formal y en el cierre de unidades productivas, especialmente entre las MiPyMEs.
Salud pública como condición previa
El CPEM también cuestionó que la discusión legislativa priorice el tiempo de descanso sin atender primero las deficiencias del sistema de salud. El organismo planteó que el bienestar laboral no se garantiza únicamente con menos horas de trabajo si persisten fallas estructurales en la atención médica.
“De nada sirve que un trabajador salga dos horas antes si al llegar a su sistema de salud no encuentra atención médica de calidad”, señaló Díaz González, quien exigió garantizar abasto de medicamentos e infraestructura hospitalaria antes de avanzar en la reforma.
Llamado a un debate técnico
El Consejo Profesional de Empresarios de México pidió a los legisladores abrir un diálogo basado en evidencia y en la situación real de las empresas. Afirmó que comparte el objetivo de mejorar las condiciones laborales, pero advirtió que una reforma sin sustento económico podría empujar a cientos de familias hacia la informalidad ante el eventual cierre de negocios.
El organismo concluyó que cualquier modificación a la jornada laboral debe considerar la estabilidad del sector productivo y la capacidad del país para sostener cambios de largo plazo en un entorno de incertidumbre jurídica.