La Suprema Corte resolvió un caso iniciado en 2011, derivado de la acción penal ejercida por el Ministerio Público Federal contra varias personas por los delitos de secuestro y delincuencia organizada. Durante el proceso, la autoridad ministerial formuló acusación únicamente por delincuencia organizada, por lo que la persona juzgadora absolvió del delito de secuestro, decisión que fue confirmada en alzada.
Una de las víctimas promovió juicio de amparo y el tribunal colegiado ordenó reponer el procedimiento para que las víctimas fueran notificadas personalmente sobre las conclusiones del Ministerio Público. Tras la reposición, se dictó una nueva sentencia condenatoria por secuestro y delincuencia organizada, la cual fue impugnada nuevamente y confirmada por un tribunal de alzada.
El asunto llegó otra vez a revisión para determinar si es constitucional que la persona juzgadora dé vista a la Procuraduría General de la República —hoy Fiscalía General de la República— cuando el Ministerio Público presenta conclusiones no acusatorias, particularmente cuando la actuación se realiza a petición de la víctima.
El Alto Tribunal concluyó que los artículos 294 y 295 del Código Federal de Procedimientos Penales, vigentes al momento de los hechos, son constitucionales siempre que se interpreten de manera restrictiva: la vista no puede realizarse de oficio, sino únicamente cuando exista inconformidad expresa de la víctima u ofendido.
La Corte precisó que esta intervención no sustituye al Ministerio Público ni modifica la acusación, sino que activa un mecanismo interno de revisión dentro de la propia Procuraduría. El objetivo es canalizar la inconformidad hacia la instancia competente para evaluar la actuación del órgano acusador.
El Tribunal sostuvo que, bajo esta interpretación, la intervención judicial no implica suplantación de funciones, sino una respuesta procesal orientada a garantizar el acceso efectivo a la justicia de las víctimas sin comprometer la imparcialidad del proceso.