Ante el inicio del proceso electoral judicial del próximo 1 de junio, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) anunció el despliegue de una red nacional de observación ciudadana. La organización empresarial señaló que esta acción busca monitorear posibles irregularidades en un proceso que, a su juicio, presenta deficiencias estructurales en materia de legalidad, transparencia e imparcialidad.
De acuerdo con información proporcionada por COPARMEX, más de 215 personas observadoras acreditadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) estarán presentes en distintos puntos del país, cubriendo aproximadamente el 60.6% de los distritos electorales federales. La organización indicó que esta medida responde a la preocupación por el diseño y ejecución del proceso electoral, que calificó como improvisado y carente de criterios técnicos claros.
La elección judicial contempla más de 800 cargos en disputa, entre jueces, magistraturas y otros puestos en el sistema judicial. COPARMEX afirmó que el proceso ha incorporado prácticas propias de campañas políticas, alejadas de los principios técnicos y de mérito. Según su posicionamiento, esta dinámica ha generado incertidumbre respecto al perfil y trayectoria de muchas de las personas candidatas.
La organización empresarial también expuso que, hasta el momento, no existe una plataforma que garantice el acceso público a información estructurada sobre los perfiles en contienda, lo que —señaló— limita la posibilidad de emitir un voto informado y dificulta el escrutinio ciudadano. A esto se suma, indicó, la intervención de actores políticos y la falta de reglas claras en varias etapas del proceso.
Como parte de su evaluación, COPARMEX hizo referencia a cifras proporcionadas por el INE, señalando que se presentaron más de 316 mil solicitudes para observar el proceso electoral judicial, de las cuales 139 mil fueron acreditadas. Otras 48 mil solicitudes fueron rechazadas por presuntos vínculos con partidos, programas sociales o candidaturas, lo que —según COPARMEX— revela intentos de cooptación de la observación ciudadana.
En su posicionamiento, la organización reiteró que el actual proceso no cumple con los principios de una reforma judicial integral y advirtió que su implementación podría tener efectos en la certeza jurídica y en el desarrollo económico del país. En ese sentido, insistió en que la participación ciudadana mediante la observación representa un mecanismo de defensa institucional ante posibles vulneraciones al Estado de derecho.
COPARMEX concluyó que la observación ciudadana se mantendrá activa durante toda la jornada electoral con el objetivo de documentar y reportar irregularidades que comprometan la legitimidad del proceso. Hasta el momento, no se ha informado si el INE o alguna otra autoridad emitirá un informe específico sobre las observaciones realizadas por este grupo u otras organizaciones civiles.