Representantes de 25 congresos locales y la Comisión de Zonas Metropolitanas de la Cámara de Diputados acordaron impulsar una reforma constitucional que permita expedir la Ley General de Coordinación Metropolitana, con el propósito de establecer un nuevo modelo de gobernanza para atender los desafíos que enfrentan las principales zonas urbanas del país en materia de agua, movilidad, ordenamiento territorial y financiamiento.
El acuerdo fue alcanzado durante la Mesa Interparlamentaria para la Gestión y Desarrollo de las Zonas Metropolitanas en México: Avances y Retos en materia Territorial y Urbana, celebrada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde participaron legisladores federales y estatales, especialistas, académicos y representantes de organizaciones.
Al encabezar los trabajos, la presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas, Claudia Gabriela Salas Rodríguez, destacó que la asistencia de representantes del 80 por ciento de los poderes legislativos estatales refleja un consenso para avanzar en un nuevo esquema de coordinación institucional.
La diputada señaló que el objetivo es superar la fragmentación entre los distintos órdenes de gobierno y construir mecanismos que permitan garantizar el derecho a la ciudad mediante políticas públicas coordinadas.
Como principal conclusión del encuentro, los participantes acordaron promover durante el próximo periodo ordinario de sesiones una reforma constitucional que siente las bases para dictaminar la nueva Ley General de Coordinación Metropolitana, la cual redefiniría la relación entre la Federación, los estados y los municipios en la gestión de las zonas conurbadas.
Entre los ejes planteados para la futura legislación destaca la creación de un esquema de financiamiento metropolitano concurrente, mediante el cual los tres niveles de gobierno participen de forma obligatoria en la asignación de recursos para proyectos regionales de infraestructura.
Asimismo, se propuso la creación de Agencias Metropolitanas, organismos técnicos especializados encargados de coordinar la planeación y ejecución de políticas públicas, con el propósito de dar continuidad a los proyectos más allá de los cambios de gobierno.
Otro de los acuerdos contempla incorporar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para fortalecer la supervisión del gasto público destinado a obras metropolitanas, así como establecer un Sistema Nacional de Información Territorial que concentre indicadores y datos para respaldar la planeación de infraestructura y orientar la inversión hacia las comunidades con mayores necesidades.
Durante la sesión plenaria, Claudia Gabriela Salas Rodríguez afirmó que el reto ya no consiste únicamente en reconocer jurídicamente a las zonas metropolitanas, sino en construir mecanismos institucionales y presupuestales que tengan efectos directos en la vida cotidiana de la población.
«El verdadero desafío de las ciudades no es reconocerlas en el papel, sino construir arreglos institucionales y presupuestales vinculantes que resuelvan la vida diaria de las personas. Hoy estamos pasando de la improvisación a la gobernanza real», expresó.
Por su parte, el diputado Carol Antonio Altamirano, integrante de la Comisión de Hacienda, subrayó que la discusión legislativa debe garantizar un uso eficiente de los recursos públicos destinados a las áreas metropolitanas.
«Tenemos que garantizar que cada peso asignado e invertido se traduzca en servicios e infraestructura, por lo que esta mesa es una oportunidad para que el diálogo entre el Congreso de la Unión, los congresos locales y todos los niveles de gobierno emitan una ruta legislativa que responda de manera efectiva a las necesidades de las zonas metropolitanas», señaló.
Con los acuerdos alcanzados, la Comisión de Zonas Metropolitanas prevé presentar durante el próximo periodo ordinario de sesiones la iniciativa de reforma constitucional y la propuesta de Ley General de Coordinación Metropolitana, con el objetivo de establecer un marco jurídico para la planeación, coordinación y financiamiento del desarrollo de las metrópolis del país.