El Congreso del Estado de Aguascalientes discutió en sesión ordinaria la modificación al marco jurídico que regula la duración del encargo de la persona titular de la Fiscalía General del Estado, estableciendo que el periodo será de nueve años y no de siete, como se había interpretado en ejercicios anteriores. La precisión se dio en el contexto de la presentación de diversos dictámenes y reformas constitucionales, entre ellas las relacionadas con el órgano superior de fiscalización y la armonización normativa en materia sindical.
Durante la sesión, la presidencia del Congreso expuso que la reforma tiene como finalidad ajustar la legislación local a los parámetros constitucionales vigentes, lo que implica que el nombramiento del fiscal debe corresponder a un periodo completo de nueve años. La discusión se enmarcó en el análisis de reformas que, según se explicó en tribuna, buscan fortalecer la independencia de los órganos encargados de la procuración de justicia y la fiscalización de recursos públicos.
La diputada Ivette Muñoz Cervantes, al presentar el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, señaló que el objetivo de las reformas es “precisar y fortalecer los requisitos para acceder a la titularidad del órgano superior de fiscalización del Estado a fin de garantizar su independencia, imparcialidad y autonomía técnica en el ejercicio de sus funciones”. Aunque su intervención se centró en el artículo 27 B de la Constitución local, la legisladora subrayó la importancia de que los cargos de alta responsabilidad cuenten con reglas claras y periodos definidos que aseguren estabilidad institucional.
En el mismo sentido, la comisión dictaminadora expuso que la legislación debe evitar interpretaciones que puedan debilitar la percepción de autonomía de los órganos públicos. En el caso de la Fiscalía General, la adecuación normativa establece que el periodo de nueve años es obligatorio para cada nombramiento, independientemente de si el titular anterior concluyó o no su encargo. La precisión, según se explicó en el pleno, deriva de la necesidad de mantener continuidad en la procuración de justicia y evitar vacíos legales.
La discusión legislativa también incluyó posturas críticas. La diputada Alejandra Peña Curiel cuestionó en tribuna que diversas reformas presentadas en la sesión, particularmente las relacionadas con el órgano de fiscalización, podrían modificar equilibrios institucionales. En su intervención afirmó que “lo que hoy estamos discutiendo es un dictamen sobre el artículo 27 B de nuestra Constitución y no solamente es una cuestión de formas”, y advirtió sobre el riesgo de que los cambios normativos permitan que personas con vínculos recientes con el poder público accedan a cargos que requieren independencia. Aunque su posicionamiento se centró en el auditor superior, su argumento se enmarcó en la necesidad de evitar que quienes ejercieron funciones de alto nivel puedan revisar o influir en procesos que involucren decisiones tomadas durante su gestión.
La sesión concluyó con la aprobación de los dictámenes presentados y con la confirmación de que el periodo del titular de la Fiscalía General del Estado será de nueve años, conforme a la interpretación constitucional vigente. Con ello, el Congreso dejó asentado que la duración del encargo no podrá ser menor ni ajustarse al tiempo restante de administraciones previas, sino que deberá iniciar un ciclo completo cada vez que se realice una designación.
La modificación establece un precedente para futuros nombramientos y redefine la estructura temporal de la Fiscalía General, con el argumento de fortalecer la continuidad institucional y la estabilidad en la conducción de la procuración de justicia en Aguascalientes.