Congreso aprueba renuncia de Mónica Soto al TEPJF; oposición acusa debilitamiento institucional

by Enlace Noticias

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la renuncia de Mónica Aralí Soto Fregoso como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con 26 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones.

La dimisión surtirá efectos el 31 de agosto de 2026, con lo que quedará vacante una de las magistraturas de la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del país.

Soto Fregoso fue electa el 20 de octubre de 2016 para un periodo de nueve años, que originalmente concluiría el 31 de octubre de 2025. Sin embargo, las reformas constitucionales en materia electoral de 2024 y al Poder Judicial de la Federación de 2026 ampliaron su periodo hasta 2028.

Durante la sesión, la diputada Kenia López Rabadán, en funciones de presidenta de la Mesa Directiva, explicó que el artículo 98 de la Constitución faculta a la Comisión Permanente para aprobar, por mayoría de sus integrantes presentes, las renuncias de las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral.

La solicitud fue sometida a consideración como asunto de urgente resolución y discutida de inmediato.

Oposición cuestiona la rapidez del procedimiento

La discusión generó críticas de la oposición. El diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez Reyes, sostuvo que el Congreso pretendía aprobar la salida de Soto Fregoso “con premura y sin una discusión de fondo”.

El legislador vinculó la renuncia con el proceso de transformación de las instituciones electorales y afirmó que representa “un episodio más de debilitamiento de las instituciones electorales”.

Ramírez Reyes señaló que ese proceso, desde su perspectiva, comenzó con lo que calificó como un “fraude a la ley” en materia de sobrerrepresentación y continuó con “la farsa de la elección del Poder Judicial”.

También cuestionó que la magistratura tuviera actualmente las mismas condiciones jurídicas bajo las cuales fue designada en 2016, al señalar que el mandato fue ampliado posteriormente y que Soto decidió dejar el cargo antes de que concluyera el periodo extendido.

“Estamos ante un arrepentimiento personal que compromete el funcionamiento de una de las instituciones capitales de la República”, sostuvo.

Morena defiende la función del Tribunal Electoral

La diputada de Morena Margarita Corro Mendoza destacó que el TEPJF constituye la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y que entre sus principales funciones se encuentra garantizar que los actos y resoluciones electorales se apeguen a los principios de constitucionalidad y legalidad.

Recordó que el Tribunal resuelve impugnaciones relacionadas con las elecciones federales, así como controversias vinculadas con los derechos político-electorales de los ciudadanos.

Desde esa perspectiva, sostuvo que la renuncia debe ser atendida para garantizar el funcionamiento de la institución y de la democracia electoral.

PT descarta afectaciones a las decisiones del Tribunal

El diputado del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores, rechazó que la salida de Soto Fregoso vaya a impedir que la Sala Superior continúe con sus funciones.

Explicó que el artículo 254 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que el Tribunal Electoral puede sesionar con la presencia de cuatro magistrados.

Por ello, afirmó que las impugnaciones que eventualmente se presenten durante los procesos electorales federales y locales de 2027 no deberían verse afectadas, debido a que la Constitución y las leyes establecen tanto el quórum como las reglas de votación para resolver los asuntos de competencia del Tribunal.

Con la aprobación de la Comisión Permanente, la renuncia de Soto Fregoso quedará formalizada a partir del 31 de agosto. El debate legislativo dejó, sin embargo, dos posiciones contrapuestas: mientras Morena y el PT sostuvieron que la Sala Superior cuenta con condiciones jurídicas para continuar operando, Movimiento Ciudadano advirtió que la salida se inscribe en un proceso de “debilitamiento de las instituciones electorales”.

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