El Congreso del Estado de Aguascalientes aprobó por unanimidad la iniciativa del diputado José Trinidad Romo Marín para actualizar el marco regulatorio del deporte en la entidad, incorporando criterios de profesionalización, atención integral y un régimen sancionador con garantías de debido proceso. La reforma modifica la fracción V del artículo 4° y los artículos 91, 109, 139 y 147 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado.
La actualización establece que instructores y entrenadores que impartan actividades deportivas de manera remunerada deberán contar con certificación mínima supervisada por el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes. El planteamiento busca asegurar estándares técnicos y pedagógicos en gimnasios, escuelas y centros de formación.
El dictamen también amplía la atención a deportistas mediante la incorporación de servicios médicos y psicológicos especializados, además de mantener los esquemas de protección a atletas de alto rendimiento y talentos deportivos, cuyos procedimientos serán definidos en el reglamento correspondiente.
En materia de supervisión, la reforma fortalece el régimen sancionador del IDEA al incorporar medidas correctivas previas, como apercibimientos o requerimientos, antes de aplicar sanciones cuando la falta lo permita. El proceso deberá garantizar audiencia y respeto al debido proceso. Romo Marín señaló que el objetivo es reducir riesgos derivados de prácticas inadecuadas y mejorar la calidad de la enseñanza deportiva en todos los niveles. El legislador reconoció la aportación técnica del entrenador nacional Raúl Hernández Romo en el diseño de la propuesta.
En la misma sesión, Romo Marín presentó una iniciativa para acelerar los procesos de búsqueda de personas desaparecidas en el estado mediante ajustes operativos y normativos a la Ley para la Atención y Prevención de la Desaparición de Personas.
La propuesta incorpora la legitimación de la “familia social” —personas con vínculos reales de afecto, convivencia o cuidado— para activar y acompañar la búsqueda; el uso del nombre social en fichas de difusión; la emisión inmediata de la ficha de búsqueda y su remisión obligatoria a las instancias correspondientes; el registro e intercambio oportuno de información entre autoridades; y la trazabilidad forense para fortalecer la identificación y seguimiento de casos.
El legislador explicó que la intención es reducir tiempos de activación y evitar que personas cercanas a la víctima sean tratadas como terceros sin facultades para iniciar el proceso. La iniciativa plantea que las reformas entren en vigor al día siguiente de su publicación.