Un ciudadano mexicano, identificado como Alexander Villatoro Moreno, fue sentenciado en Estados Unidos a 70 meses de prisión y tres años de libertad condicional supervisada por su participación en una red de crimen organizado dedicada al reclutamiento fraudulento y la explotación laboral de trabajadores agrícolas mexicanos con visas temporales H-2A.
De acuerdo con información difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el acusado, de 53 años y originario de Chiapas, se declaró culpable de conspiración bajo la Ley contra el Crimen Organizado y las Organizaciones Corruptas (RICO), luego de que las autoridades acreditaran que, junto con otros implicados, operó un esquema de trabajo forzado entre 2015 y 2017 en varios estados del sureste del país.
La investigación sostiene que Villatoro Moreno y sus coacusados administraban la empresa de contratación agrícola Los Villatoros Harvesting (LVH), a través de la cual reclutaban ciudadanos mexicanos bajo falsas promesas de salarios, condiciones laborales y reembolsos de gastos. Posteriormente, obtenían visas H-2A mediante información fraudulenta presentada a las autoridades migratorias estadounidenses.
Según los documentos judiciales, las víctimas eran trasladadas a Estados Unidos para trabajar en la cosecha de frutas, verduras y otros productos agrícolas en Florida, Kentucky, Indiana, Georgia y Carolina del Norte. Una vez en territorio estadounidense, eran obligadas a cumplir jornadas extensas de trabajo físico, de seis a siete días por semana, y recibían pagos inferiores a los establecidos por la legislación laboral.
El Departamento de Justicia señaló que la organización utilizó diversos mecanismos de coacción para mantener sometidos a los trabajadores. Entre ellos, el cobro de cuotas de reclutamiento consideradas excesivas, la imposición de deudas, la retención de pasaportes, el alojamiento en condiciones de hacinamiento e insalubridad, el aislamiento de las víctimas y amenazas de arresto, deportación o represalias contra sus familiares en México.
Las autoridades estadounidenses también sostienen que, cuando comenzó la investigación federal, Villatoro Moreno participó en acciones para obstaculizar el proceso, entre ellas la elaboración de registros falsos de nómina y la distribución de comprobantes simulados para aparentar que la empresa reembolsaba a los trabajadores los gastos relacionados con su contratación y traslado.
Al informar sobre la sentencia, el fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, afirmó que el acusado “utilizó fraudulentamente el programa de visas H-2A para reclutar y explotar a víctimas vulnerables con fines de lucro”, y sostuvo que el caso refleja el compromiso de las autoridades estadounidenses para perseguir el fraude migratorio y las redes de trata de personas.
Por su parte, el fiscal federal del Distrito Medio de Florida, Gregory W. Kehoe, señaló que las víctimas fueron “engañadas por conspiradores y sometidas a condiciones deplorables, mientras eran explotadas por avaricia y lucro”, y aseguró que la resolución judicial envía un mensaje de que los delitos relacionados con la explotación laboral serán perseguidos con apoyo de diversas agencias federales.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) indicó que los trabajadores fueron atraídos desde México con promesas de empleo y remuneraciones que nunca se cumplieron. Además de las condiciones de trabajo, las autoridades documentaron cobros indebidos, tratos humillantes y amenazas como parte del esquema para impedir que las víctimas abandonaran sus labores o denunciaran los hechos.
La investigación fue desarrollada por el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas del Condado de Palm Beach, integrado por el FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina del Sheriff de Palm Beach, con apoyo del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, el Servicio de Seguridad Diplomática y diversas organizaciones de defensa de los derechos de los trabajadores agrícolas.
El Gobierno de México, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), colaboró en el proceso de localización y extradición de Alexander Villatoro Moreno, mientras que la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó apoyo para concretar su entrega a las autoridades estadounidenses.
El caso también derivó en condenas previas contra cuatro coacusados. Bladimir Moreno, propietario de LVH y hermano de Villatoro Moreno, fue sentenciado en 2022 a 118 meses de prisión y al pago de más de 175 mil dólares en restitución a las víctimas. Efraín Cabrera Rodas y Christina Gamez recibieron penas de 41 y 37 meses de prisión, respectivamente, mientras que Guadalupe Mendes Mendoza fue condenada a arresto domiciliario y libertad condicional por obstrucción de una investigación federal.
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ordenó que Alexander Villatoro Moreno pague una indemnización a las víctimas afectadas por la red de explotación laboral.