La comunidad de Arantepakua realizó una rueda de prensa en la que autoridades comunales, víctimas y su representación jurídica anunciaron una postura conjunta ante la emisión de órdenes de aprehensión relacionadas con la masacre del 5 de abril de 2017. El pronunciamiento colocó en el centro la exigencia de que las autoridades ejecuten sin demora las detenciones contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo y otros 15 señalados como responsables. En el documento se afirma: “A casi 9 años de la masacre… hacemos un llamado urgente a las autoridades a ejecutar con diligencia dichas órdenes y garantizar que los responsables sean detenidos y llevados ante la justicia.”
La comunidad sostuvo que estas órdenes son resultado de un proceso prolongado de organización, recopilación de pruebas y movilización, y que representan apenas el inicio de una etapa en la que el Estado deberá demostrar si está dispuesto a romper con la impunidad. El texto señala que durante años existió un entramado institucional que obstaculizó la investigación, al afirmar: “La Fiscalía del Estado… operó con un obstáculo sistemático para la verdad y la justicia.”
Los comuneros recordaron que el ataque del 5 de abril de 2017 dejó cuatro ejecuciones extrajudiciales, un menor entre las víctimas, además de casos de tortura, tratos crueles, detenciones arbitrarias y allanamientos, hechos documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La comunidad exigió que todos los implicados sean localizados y presentados ante un tribunal, al señalar: “Deben ser buscados exhaustivamente, detenidos y llevados ante la justicia.”
El Consejo Comunal advirtió que no aceptará simulaciones ni dilaciones por parte del Poder Judicial y que cualquier intento de frenar el proceso mediante amparos será considerado una agresión directa. En el documento se afirma: “No aceptaremos simulaciones ni dilaciones… Exhortamos al poder judicial a que no acepte ningún amparo.”
Asimismo, se acusó al Poder Ejecutivo estatal de incumplir compromisos en materia de reparación del daño, particularmente obras prometidas desde 2022 que no han sido concluidas. La comunidad advirtió que, de persistir el incumplimiento, recurrirá a su derecho a la protesta social. El mensaje fue directo: “Si no hay justicia para nuestro pueblo, no habrá paz para el gobierno.”
La representación jurídica destacó que la comunidad permanecerá en máxima alerta para vigilar el cumplimiento de las órdenes y coordinarse con más de 40 comunidades que ejercen autonomía. También se reiteró que, si entre los propios habitantes hubiera personas involucradas, deberán enfrentar la justicia, al señalar: “No estamos en contra de que la justicia alcance a todos los responsables.”
El pronunciamiento cerró con la afirmación de que la lucha continuará hasta obtener sentencias firmes contra todos los implicados. La comunidad sostuvo que este avance judicial representa una oportunidad histórica para demostrar que los crímenes cometidos desde el poder pueden ser castigados, pero insistió en que la vigilancia y la movilización seguirán activas hasta que la justicia sea completa.