Una fiscal federal de Buenos Aires explica algunos de los retos de llevar ante la justicia a los autores de esos delitos, los cuales rara vez se limitan a un solo país, por lo que resulta crucial la cooperación internacional.
En casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, un fiscal tiene la responsabilidad de proporcionar a las víctimas acceso a la justicia.
Su trabajo implica llevar a cabo investigaciones con las fuerzas del orden para reunir pruebas, presentar argumentos ante los tribunales, interrogar a los testigos, decidir los cargos contra los sospechosos y abogar por penas y sentencias adecuadas.
Para comprender los retos y la importancia de esta profesión, nuestros compañeros de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) han hablado con Alejandra Mangano, fiscal federal de Buenos Aires, Argentina. También, coordinadora de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.
Mangano ha sido una de las participantes del primer Foro Internacional de Fiscales de la ONU contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes que ha tenido lugar en Viena entre el 4 y el 6 de diciembre.
Organizado por esa Oficina y financiado por la Unión Europea, el foro ha reunido a fiscales de unos 60 países con el objetivo de reforzar la cooperación mundial.
Una carrera dedicada a la justicia
“He trabajado en el sistema de justicia penal toda mi vida, desde que tenía 18 años”, dijo la fiscal. Con más de 15 años centrada en casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, su cartera incluye la explotación sexual, el trabajo y la delincuencia forzosos, en ocasiones relacionados con redes criminales organizadas transnacionales.
“La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son delitos diferentes pero relacionados. A menudo, el tráfico ilícito es el punto de partida, y los migrantes se convierten en víctimas de la trata durante su viaje”, explicó Mangano.
En Argentina, un país utilizado a menudo como lugar de tránsito para los migrantes que viajan a Norteamérica desde Sudamérica, África, Asia y otros lugares, el riesgo de explotación puede ser alto.
“Cuando alguien abandona su hogar, pierde la red de seguridad de la familia y los amigos. En un entorno desconocido, estas personas pueden ser muy vulnerables a la explotación”, afirmó.
Los migrantes pueden convertirse en víctimas de la trata cuando los traficantes los obligan a pagar sus deudas de viaje mediante el trabajo o el comercio sexual, por ejemplo.
Pero la trata no siempre está vinculada a la migración. Las investigaciones de la ONU muestran que lo más habitual es que se produzca dentro de las fronteras nacionales, impulsada por la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades laborales y educativas y otros factores.
Los traficantes explotan estas vulnerabilidades sin tener en cuenta la vida humana, los derechos o la dignidad. “Para ellos, todo es cuestión de dinero”, afirmó Mangano.
El papel del fiscal
La labor del fiscal comienza cuando se presenta una denuncia, que a menudo marca el inicio de una larga e intrincada investigación, y continúa hasta el juicio. Según Mangano, el contacto con la víctima es una de las etapas más cruciales y delicadas.
“Las víctimas se encuentran a menudo en situaciones extremadamente vulnerables. Muchas carecen de vivienda o dinero, lo que puede haber sido la razón que las llevó a la trata en primer lugar”, explicó.
Durante las investigaciones, Mangano colabora estrechamente con las organizaciones de apoyo a las víctimas para garantizar que se atienden sus necesidades. Sin embargo, la interacción puede resultar difícil.
“Es posible que no se reconozcan a sí mismas como víctimas de un delito, que tengan miedo a testificar o que cambien su historia durante el proceso. Esto se debe a que los traficantes trabajan activamente para obstruir la justicia. Utilizan amenazas, violencia o manipulación psicológica para silenciarlas”, añadió la fiscal.
En este contexto, es crucial basarse en pruebas objetivas, como registros digitales y rastros financieros.
“Este tipo de pruebas nos ayudan a descubrir todo el alcance del delito y a rastrear a los verdaderos organizadores, no sólo a los actores de menor rango”.
Un caso histórico
Uno de los casos más significativos en los que trabajó Mangano fue el de Alika Kinan, una superviviente de la trata cuya historia atrajo la atención de todo el país.
Kinan nació en un entorno de escasos recursos en Córdoba. Su madre era trabajadora sexual, por lo que la niña tuvo pocas oportunidades en la vida.
A los 18 años, fue atraída a Ushuaia, la ciudad más meridional de Argentina, por los dueños de un club nocturno. Allí, Kinan soportó más de una década de explotación sexual, violencia física y cautiverio.
En 2012, la policía rescató a Kinan y a otras seis víctimas. En lo que ahora se considera un caso histórico en el país, Kinan se convirtió en la primera mujer del país en demandar a sus explotadores y a las autoridades locales por no protegerla. El tribunal le asignó una indemnización y la reconoció como víctima de trata. Sus traficantes fueron condenados a penas de prisión.
“Algunas víctimas de ese caso no querían cooperar inicialmente”, recuerda Mangano. “Les llevó tiempo reconocerse como víctimas y sentirse lo bastante seguras para hablar con las autoridades”.
Hoy, Kinan es activista contra la trata, investigadora universitaria y fundadora de una organización que presta apoyo jurídico y psicológico a las víctimas.
La importancia de la cooperación internacional
La trata de seres humanos y el tráfico de migrantes rara vez se limitan a un solo país. “Hay casos en los que la víctima es de un país, los autores son de otro, y el dinero está en otro lugar completamente distinto. Por eso es esencial la cooperación entre fiscales de todo el mundo”, explicó la fiscal.
El Foro Internacional de Fiscales de Viena tiene por objeto reforzar esta cooperación.
“Este foro nos permitirá conectar y crear una red mundial de fiscales. Es un paso fundamental en la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes”, concluyó Mangano.