La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo promovido por el diputado federal Rubén Moreira Valdez para fortalecer las estrategias de prevención, atención y combate al delito de extorsión en México, un ilícito que durante 2025 alcanzó la cifra más alta de víctimas registrada en la última década.
La propuesta presentada por el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI plantea exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para que, en coordinación con las autoridades de las 32 entidades federativas, refuerce las acciones destinadas a combatir este delito, particularmente en las regiones con mayores índices de incidencia.
Asimismo, el acuerdo aprobado por el órgano legislativo hace un llamado a las fiscalías generales del país para fortalecer sus capacidades de investigación y persecución penal en los casos relacionados con extorsión, con el propósito de mejorar la respuesta institucional frente a uno de los delitos con mayores niveles de subregistro en México.
Durante la presentación del planteamiento, Rubén Moreira recordó que las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran un crecimiento sostenido de este ilícito durante los últimos años. Mientras que en 2019 se registraron ocho mil 734 denuncias, para 2024 la cifra ascendió a 10 mil 227 casos, lo que representa un incremento cercano al 17 por ciento.
La tendencia se mantuvo durante el año pasado. De acuerdo con los datos expuestos por el legislador priista, en 2025 fueron contabilizadas 11 mil 81 víctimas de extorsión, el número más elevado registrado durante los últimos diez años.
Sin embargo, el diputado federal advirtió que las estadísticas oficiales únicamente reflejan una parte del problema. La extorsión continúa ubicándose entre los delitos con mayores índices de cifra negra debido al temor de las víctimas a denunciar, la desconfianza hacia las instituciones encargadas de procurar justicia y la percepción de impunidad que prevalece en numerosos casos.
El impacto del fenómeno, sostuvo, no se limita al ámbito de la seguridad pública. También representa una afectación para la actividad económica al incidir directamente sobre familias, comerciantes, productores y empresarios que enfrentan pérdidas económicas derivadas del pago de cuotas ilegales, gastos adicionales en materia de protección y limitaciones para el desarrollo de sus actividades productivas.
En este sentido, Moreira Valdez citó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2024 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que identifica a la inseguridad y la delincuencia como uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico del país.
El legislador señaló que las afectaciones derivadas de estos delitos se traducen en costos directos e indirectos para las empresas mexicanas, además de inhibir la inversión y debilitar las condiciones necesarias para el crecimiento económico.
«Es necesario fortalecer la coordinación intergubernamental para combatir eficazmente este delito, consolidar mecanismos de prevención, denuncia, investigación y persecución penal, y fortalecer los esquemas de protección a víctimas y testigos», expresó el coordinador parlamentario del PRI.
La propuesta legislativa pone especial énfasis en la necesidad de consolidar una estrategia integral que involucre a las autoridades federales y estatales, con acciones orientadas no sólo a la persecución del delito, sino también a la protección de quienes son víctimas de extorsión.
Rubén Moreira subrayó que el combate a este fenómeno requiere políticas públicas que atiendan las causas estructurales de la violencia, fortalezcan la presencia institucional en las regiones con mayores niveles de incidencia y garanticen condiciones efectivas de seguridad para el desarrollo de actividades económicas y productivas.
La aprobación del punto de acuerdo por parte de la Comisión Permanente constituye un exhorto dirigido a las instituciones responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia para reforzar sus mecanismos de coordinación y respuesta frente a un delito cuya incidencia mantiene una tendencia al alza en el país y que continúa representando uno de los principales desafíos para la seguridad y la actividad económica nacional.