La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados informó sobre los resultados de las reuniones sostenidas con organizaciones de personas jubiladas y pensionadas para atender las inquietudes derivadas de la aplicación del decreto publicado el 10 de abril de 2026, relativo al límite de jubilaciones y pensiones en entidades públicas. Durante la sesión, el presidente de la comisión, el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena), señaló que el proceso permitió establecer una ruta institucional para revisar los planteamientos de los trabajadores retirados, aunque reconoció que el debate sobre una eventual reforma constitucional permanece abierto para el próximo periodo ordinario de sesiones.
El informe presentado ante la comisión detalla que entre el 29 de mayo y el 8 de junio de 2026 se realizaron diversas reuniones con representantes de organizaciones de jubilados, principalmente de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro y Banobras, con el propósito de documentar las afectaciones derivadas de la aplicación del decreto y establecer mecanismos de seguimiento.
De acuerdo con el documento, el primer encuentro permitió conocer de manera directa las inconformidades relacionadas con reducciones en los montos de pensiones, modificaciones en otras prestaciones y diferencias en la aplicación de los criterios entre instituciones públicas. Las reuniones posteriores se enfocaron en organizar la información, definir líneas de atención e iniciar el análisis técnico y jurídico de los casos expuestos.
Como parte de las acciones emprendidas, la comisión informó que se instaló una mesa de trabajo permanente, se inició la revisión de iniciativas legislativas relacionadas con el tema, se planteó la realización de foros de análisis y se canalizaron las solicitudes tanto a la Secretaría de Gobernación como a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con el objetivo de distinguir qué asuntos pueden resolverse por la vía administrativa y cuáles requerirían modificaciones al marco constitucional.
Leonel Godoy explicó que la Consejería Jurídica emitió una opinión respecto a la aplicación de las fracciones segunda y cuarta del artículo 127 de la Constitución, señalando que ya se encuentra en proceso la regularización de los pagos que, en algunos casos, no se ajustaron a las disposiciones constitucionales, por lo que comenzó la devolución de descuentos aplicados a determinados pensionados.
El legislador sostuvo que el tema continuará siendo objeto de discusión durante el próximo periodo ordinario de sesiones y consideró que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) podría construir una propuesta entre los grupos parlamentarios para analizar posibles ajustes al marco legal. Al mismo tiempo, rechazó que exista retroactividad en la reforma constitucional y afirmó que el eventual debate no partirá de ese supuesto jurídico.
Durante la discusión, legisladores de oposición cuestionaron la aplicación del decreto. La diputada Irais Virginia Reyes de la Torre (MC) sostuvo que el artículo transitorio resulta inconstitucional al modificar condiciones económicas que los trabajadores consideraban consolidadas al momento de su retiro. Informó que su bancada presentó una iniciativa para modificar dicho transitorio con el propósito de corregir lo aprobado en el periodo anterior de sesiones.
En el mismo sentido, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (PAN) afirmó que el Congreso enfrenta un precedente relevante en materia de retroactividad de normas constitucionales y expresó el respaldo de su grupo parlamentario a los jubilados de Pemex, CFE y otras instituciones afectadas. Solicitó revisar el artículo transitorio para evitar, dijo, una posible vulneración de derechos previamente adquiridos.
Por Morena, la diputada Clara Cárdenas Galván indicó que las mesas de trabajo han permitido mantener un canal permanente de comunicación con las organizaciones de jubilados y afirmó que el análisis de la reforma continuará dentro de la comisión para atender las inquietudes planteadas por los distintos sectores.
En la misma sesión, la Comisión de Puntos Constitucionales conoció el informe del Grupo de Trabajo de Estudio e Investigación de Iniciativas, donde legisladores de Movimiento Ciudadano solicitaron reconsiderar diversos proyectos de reforma que se perfilan para ser desechados, al considerar que aún existe margen para revisar su contenido jurídico y su impacto social mediante parlamentos abiertos.
Por su parte, la diputada Laura Márquez propuso establecer un calendario de trabajo para analizar las iniciativas pendientes, mientras que Leonel Godoy respondió que algunas ya concluyeron su trámite legislativo y otras continúan en revisión, aunque varias cuentan con opiniones técnicas desfavorables de dependencias federales.
En asuntos generales, la diputada Roselia Suárez Montes de Oca solicitó avanzar en la iniciativa que reforma el artículo 2 de la Constitución para reconocer a la comunidad mexicana migrante. Sobre este tema, Leonel Godoy informó que la comisión solicitará la opinión de la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, antes de presentar un proyecto de dictamen que será discutido por los integrantes del órgano legislativo en próximas reuniones.