La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la iniciativa presidencial que reforma la Ley Aduanera para reforzar los mecanismos de control frente a posibles prácticas de subvaluación de mercancías, ampliar las facultades de comprobación de las autoridades y proteger la recaudación, sin establecer nuevas contribuciones.
El dictamen plantea eliminar el umbral de 50 por ciento que actualmente condiciona determinados embargos precautorios cuando existen diferencias entre el valor declarado y el valor de transacción de mercancías idénticas o similares. También establece facultades de comprobación de oficio cuando el valor asentado en el pedimento sea inferior al determinado conforme a los artículos 72 y 73 de la Ley Aduanera.
La propuesta contempla dos supuestos para la sustitución del embargo precautorio. Cuando la diferencia de valor sea menor a 20 por ciento, el importador podrá solicitar la sustitución mediante depósito en efectivo o cuenta aduanera de garantía; cuando sea igual o superior a 20 por ciento, podrá hacerlo mediante depósito en efectivo. La devolución de las mercancías y, en su caso, la liberación de la garantía procederán cuando el interesado acredite su legal estancia o tenencia, desvirtúe las causas del embargo o demuestre que el valor declarado fue determinado conforme a la legislación.
Durante la discusión, diputados de distintas fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de combatir la subvaluación, aunque expresaron diferencias sobre los mecanismos previstos. Por Morena, Eduardo Castillo López sostuvo que la reforma busca fortalecer la capacidad del Estado para detectar operaciones en las que las mercancías ingresen al país con valores artificialmente bajos, además de proteger la recaudación y la industria nacional.
Desde el PAN, Eva María Vásquez Hernández cuestionó los efectos que podrían tener las nuevas facultades sobre las empresas que cumplen con sus obligaciones. Advirtió que “combatir una conducta ilegal no debe ni puede significar crear un sistema en el que una empresa que cumple con la ley tenga que demostrar su inocencia después de que la mercancía le fue retenida”. Su planteamiento fue acompañado por la exigencia de reglas claras para evitar que los procedimientos conviertan a los importadores cumplidos en “sospechosos permanentes”.
El PRI también planteó riesgos derivados de la modificación de los umbrales. Yerico Abramo Masso señaló que la reforma endurece los controles contra la subvaluación, pero advirtió sobre posibles efectos operativos y sobrecostos para el comercio exterior. En particular, cuestionó que el embargo precautorio pueda aplicarse ante discrepancias menores de valor. “Todos los partidos políticos queremos una mejor agenda fiscal y de aduanas. Hoy es el momento de combatir la corrupción, disminuir la opacidad y fortalecer la competitividad”, afirmó.
Movimiento Ciudadano expresó una posición de análisis sobre el voto. Patricia Flores Elizondo sostuvo que la subvaluación debe combatirse, pero señaló que el dictamen amplía la posibilidad de embargar mercancías sin incorporar garantías suficientes. Propuso controles verificables, decisiones trazables y responsabilidades claras para las autoridades.
El debate también incluyó argumentos de Morena y PT en favor de reforzar el control aduanero. Dolores Padierna Luna afirmó que el objetivo es proteger el interés fiscal y nacional, mientras que Reginaldo Sandoval Flores sostuvo que la reforma busca reducir prácticas que afectan la recaudación y generan condiciones de competencia desfavorables para quienes cumplen con sus obligaciones.
Héctor Saúl Téllez Hernández, del PAN, coincidió en que la subvaluación debe ser combatida, pero cuestionó la metodología propuesta al considerar que podría dificultar los procesos cotidianos del comercio exterior. “La metodología que se trata de imprimir no puede ayudar a que el comercio sea más ágil”, señaló.
En la discusión en lo particular, la comisión aprobó una reserva presentada por Carol Antonio Altamirano al artículo 185, fracciones I, II y III, para establecer que, tratándose de hidrocarburos y petrolíferos, se aplicará una multa de entre 50 y 100 por ciento del valor comercial de las mercancías. La modificación busca establecer consecuencias jurídicas diferenciadas para infracciones relacionadas con estos productos.
El dictamen fue aprobado en lo general con 27 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones. En lo particular, la reserva al artículo 185 recibió 32 votos a favor. También se aprobó, con 27 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, la incorporación de un artículo transitorio y la modificación del transitorio único.
Uno de los cambios establece que la reforma no entraría en vigor inmediatamente después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La propuesta fija el 1 de enero de 2027 como fecha de entrada en vigor, con el propósito de disponer de un periodo para su conocimiento e implementación.
El nuevo régimen también contempla que las autoridades aduaneras determinen, mediante disposiciones que deberán publicarse a más tardar el 31 de diciembre de 2026, los porcentajes del valor declarado que podrán considerarse para determinar el embargo precautorio de mercancías distintas de las contempladas expresamente en el segundo transitorio.
La reforma enfrenta así dos posiciones dentro de la discusión legislativa: por un lado, el argumento de que mayores facultades de control permitirán combatir la subvaluación y proteger la recaudación; por otro, la advertencia de legisladores de oposición sobre posibles retenciones, cargas operativas y efectos sobre empresas que realizan operaciones de comercio exterior conforme a la normativa. Las reservas presentadas por legisladores de MC, PRI, PT, Morena y PAN a diversos artículos y transitorios fueron retiradas o no admitidas a discusión y, por tanto, desechadas.