La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen en sentido negativo para desechar la iniciativa que proponía reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en materia de artificios pirotécnicos, al concluir que el marco jurídico actual ya contempla las medidas necesarias para prevenir riesgos derivados de esta actividad.
El dictamen fue avalado con 13 votos a favor, cuatro en contra y una abstención durante los trabajos encabezados por el presidente de la comisión legislativa, el diputado Luis Arturo Oliver Cen, del Grupo Parlamentario de Morena.
La propuesta legislativa planteaba adicionar disposiciones a los artículos 39 y 45, así como incorporar un artículo 45 Ter, con el propósito de establecer criterios específicos sobre la ubicación territorial de fábricas, talleres y almacenes de artificios pirotécnicos, fijar distancias mínimas de seguridad respecto de los centros de población y fortalecer las facultades de supervisión de las autoridades competentes.
Durante la presentación del dictamen, Luis Arturo Oliver Cen explicó que la iniciativa buscaba reforzar las condiciones de seguridad en las actividades relacionadas con la fabricación y almacenamiento de productos pirotécnicos mediante lineamientos expresos que permitieran reducir riesgos para la población.
La propuesta contemplaba que estos establecimientos fueran ubicados lejos de zonas habitacionales y que la Secretaría de la Defensa Nacional contara con atribuciones más precisas para emitir lineamientos técnicos relacionados con su operación y vigilancia.
No obstante, la mayoría de las y los integrantes de la comisión consideró que las disposiciones planteadas ya se encuentran previstas, de manera implícita, dentro del marco jurídico vigente.
«La Comisión determinó desechar la iniciativa al considerar que las disposiciones propuestas ya se encuentran implícitamente contempladas en el marco jurídico vigente», señaló el legislador durante la discusión del dictamen.
El documento aprobado concluye que no existe un vacío normativo que justifique la modificación legal propuesta, toda vez que actualmente la legislación contempla mecanismos relacionados con la expedición de permisos, medidas de seguridad, procesos de verificación y la participación coordinada de autoridades federales, estatales y municipales para la prevención de riesgos asociados con la actividad pirotécnica.
Asimismo, establece que los objetivos perseguidos por la iniciativa pueden alcanzarse mediante instrumentos de carácter reglamentario y administrativo, sin que resulte necesario modificar el texto de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
«Por las razones anteriormente expuestas, la Comisión de Defensa Nacional considera improcedente la iniciativa materia del presente dictamen», puntualiza el documento legislativo aprobado.
Entre los argumentos expuestos por la comisión destaca que la propuesta incorpora aspectos de naturaleza técnica y administrativa cuya regulación corresponde al Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como a las disposiciones que emitan la Secretaría de la Defensa Nacional y las autoridades de protección civil en el ámbito de sus respectivas competencias.
El dictamen sostiene además que incorporar estos elementos al texto legal generaría duplicidad normativa, ya que aspectos como la ubicación territorial de los establecimientos, las distancias mínimas de seguridad, la cercanía con centros de población y los mecanismos de evaluación de riesgos forman parte de las facultades que actualmente ejercen las autoridades encargadas de autorizar y supervisar este tipo de instalaciones.
Con la votación registrada, la Comisión de Defensa Nacional determinó que las herramientas jurídicas existentes son suficientes para regular las actividades relacionadas con los artificios pirotécnicos, por lo que el fortalecimiento de las medidas preventivas deberá continuar desarrollándose a través de los mecanismos reglamentarios y administrativos previstos en la legislación vigente.
La resolución legislativa mantiene sin modificaciones el marco normativo actual y coloca el debate en la aplicación y supervisión de las disposiciones existentes para garantizar la seguridad en una actividad que involucra materiales explosivos y que requiere la coordinación permanente entre diversas autoridades gubernamentales.