En el marco del Día Internacional de las Mujeres 2026, más de treinta organizaciones y decenas de firmantes individuales hicieron un llamado directo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para frenar el creciente involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas civiles. El posicionamiento advierte que la expansión militar en la administración pública, en megaproyectos y en labores de seguridad representa riesgos específicos para los derechos de las mujeres.
El pronunciamiento cuestiona que, en una fecha dedicada a visibilizar desigualdades y violencias, la Presidenta haya encabezado un evento con las Fuerzas Armadas en el Campo Militar Número 1. Recordaron que febrero estuvo marcado por actos oficiales dedicados al Ejército y a la Fuerza Aérea, donde la mandataria afirmó que estas instituciones tienen un “gen revolucionario”, una “esencia social” y las calificó como “constructoras de paz”.
Las organizaciones señalaron que, pese a la presencia creciente de mujeres dentro de las instituciones castrenses, persisten estructuras internas que no previenen ni atienden violencias ejercidas por elementos militares contra sus compañeras. Afirmaron que cuando las mujeres buscan justicia suelen enfrentar estigmatización, criminalización y revictimización. El documento subraya que existen decenas de carpetas de investigación en la Ciudad de México por delitos sexuales en los que los presuntos responsables son integrantes de las Fuerzas Armadas.
El posicionamiento sostiene que más de dos décadas de políticas de militarización no han reducido la violencia y, por el contrario, han generado riesgos adicionales para las mujeres, especialmente en territorios donde se ha incrementado la presencia militar. También advierte sobre la corporativización de megaproyectos administrados por empresas militares, lo que amplía la influencia castrense en ámbitos no relacionados con la seguridad.
Las organizaciones criticaron el uso de la imagen de mujeres por parte de instituciones militares para legitimarse ante la población civil y recordaron que la historia reciente de América Latina muestra los impactos diferenciados que la militarización tiene sobre las mujeres. Señalaron que la seguridad ciudadana y la erradicación de la violencia de género requieren instituciones civiles fortalecidas, no una ampliación del rol militar.
El documento plantea que la Presidenta tiene la oportunidad de adoptar una perspectiva de gobierno con enfoque feminista, lo que implica reconocer y revertir la violencia institucional, garantizar protección efectiva y establecer límites legales, presupuestales, operativos y simbólicos a las Fuerzas Armadas. Las firmantes insistieron en que estas instituciones no deben ser tratadas como superiores o excepcionales dentro de la administración pública.
El llamado concluye con una exigencia: avanzar hacia estrategias centradas en derechos humanos, prevención, justicia y protección efectiva para las mujeres, en lugar de profundizar la participación militar en la vida pública.