Erick Valencia-Salazar, identificado por autoridades estadounidenses como cofundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado como uno de los operadores centrales en la expansión de esa organización, se declaró culpable ante un tribunal federal de cargos relacionados con la conspiración para distribuir cocaína con destino a Estados Unidos. Documentos judiciales establecen que Valencia-Salazar, de 49 años y residente de Santa Clara, California, participó en la creación y consolidación del CJNG, designado en febrero de 2025 como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado.
La acusación sostiene que Valencia-Salazar reclutó integrantes, utilizó información sobre grupos rivales para localizar y asesinar a enemigos del CJNG y coordinó el envío de miles de kilogramos de cocaína hacia territorio estadounidense. Antes de su papel en el CJNG, formó parte del Cártel del Milenio, donde distribuía armas —incluidos fusiles AK-47 y AR-15— a sicarios para enfrentamientos con organizaciones rivales, apoyando el traslado anual de cargamentos de varias toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia México y posteriormente a Estados Unidos.
El Departamento de Justicia calificó su papel como determinante en la expansión del CJNG. El fiscal general adjunto A. Tysen Duva afirmó que Valencia-Salazar “cofundó una organización que introdujo toneladas de cocaína en Estados Unidos y causó un daño incalculable”, y señaló que su liderazgo fomentó “violencia desenfrenada” que contribuyó a desestabilizar regiones enteras. La DEA, por su parte, sostuvo que el CJNG opera como una estructura que “utiliza la violencia como modelo de negocio” y que su impacto se extiende a ambos lados de la frontera mediante el tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína. Su administrador, Terrance Cole, subrayó que la declaración de culpabilidad representa “un paso más para exigir responsabilidades a sus líderes”.
Valencia-Salazar admitió un cargo de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con el fin de importarla ilegalmente a Estados Unidos. Su sentencia está programada para el 31 de julio y enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. La determinación final quedará en manos de un juez federal, quien considerará las directrices de sentencia y otros factores legales.
El caso fue investigado por la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA en Los Ángeles. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia facilitó el traslado de Valencia-Salazar desde México a Estados Unidos en febrero de 2025, conforme a la Ley de Seguridad Nacional mexicana. El procesamiento está a cargo de litigantes de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso, cuya misión es desmantelar estructuras financieras criminales, recuperar activos ilícitos y perseguir a los mandos de organizaciones transnacionales de narcotráfico.
La causa forma parte de la Operación Recuperar Estados Unidos, una iniciativa federal que concentra recursos para combatir la inmigración ilegal, eliminar cárteles y organizaciones criminales transnacionales y fortalecer la seguridad comunitaria mediante la coordinación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional y el Proyecto Vecindarios Seguros.