La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) presentó un informe especial sobre los Centros de Detención Preventiva Municipal en el estado de Michoacán, revelando que ninguno de estos centros cumple con los estándares de derechos humanos. El informe fue resultado de una supervisión detallada que incluyó análisis de la infraestructura, normativa, recursos humanos, y procedimientos aplicados para garantizar los derechos de las personas detenidas.
Durante la presentación, el ombudsperson michoacano subrayó la responsabilidad de las autoridades municipales en garantizar el respeto a los derechos humanos en estos centros, especialmente ante la implementación de la justicia cívica. Resaltó la importancia de contar con un plan anual de trabajo que contemple la mejora de las instalaciones y la capacitación del personal a cargo.
El informe se basó en la información solicitada a los 113 municipios del estado, incluido el Concejo Mayor de Cherán. Entre los datos obtenidos, destaca que el 58.4% de los municipios no respondió a la solicitud de información, mientras que el 33.6% reconoció tener centros de detención y el 0.9% informó no contar con ellos. Además, de 2017 a 2022 se registraron 690 lesiones y 14 muertes en estos centros, cifras que reflejan la situación crítica en cuanto al respeto de los derechos humanos.
El informe también señaló que solo el municipio de Zitácuaro cuenta con un reglamento específico sobre los centros de detención, mientras que otros municipios no cumplen con los estándares nacionales e internacionales en esta materia. Ante estos hallazgos, la CEDH emitió recomendaciones, incluyendo el fortalecimiento de la infraestructura de los centros, la implementación de un marco jurídico específico para los municipios del estado y el desarrollo de programas de ingreso, permanencia y ascenso para el personal que trabaja en los centros de detención.
En la presentación del informe estuvieron presentes representantes del gobierno estatal, presidentes municipales de diferentes localidades, así como funcionarios de seguridad pública y del ámbito académico, entre otros. La representante del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Mayra Xiomara Trevizo Guízar, y otros asistentes coincidieron en la necesidad de mejorar las condiciones de los centros de detención preventiva y garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas resguardadas en ellos.
El ombudsperson concluyó que solo a través de un trabajo coordinado entre el gobierno del estado, los municipios y la CEDH, con políticas públicas orientadas hacia los derechos humanos, se logrará una sociedad más justa, transparente y desarrollada.