En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado federal Christian Castro Bello presentó una iniciativa de reforma constitucional para establecer la inhabilitación permanente de cualquier funcionario público al que se le compruebe participación en actividades de delincuencia organizada. La propuesta, explicó, busca cerrar el paso a la infiltración criminal en el servicio público y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
Desde tribuna, el legislador del PRI advirtió que la problemática no se limita al ejercicio de cargos, sino que incluye financiamiento ilícito de campañas y redes de corrupción institucional. Recordó casos documentados como el del “Cártel de la Barredora” en Tabasco, la detención de autoridades municipales por vínculos con grupos criminales y esquemas de contrabando de combustibles que han generado pérdidas millonarias al erario.
Castro Bello expuso que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México ha registrado más de 30 mil homicidios anuales en los últimos años. Añadió que informes internacionales estiman que más del 70 por ciento del territorio presenta algún grado de presencia del crimen organizado, lo que, dijo, agrava el riesgo de infiltración en estructuras gubernamentales.
El diputado señaló que organismos como el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada han alertado sobre la posible participación, apoyo o aquiescencia de funcionarios públicos en casos de desaparición, lo que afecta la credibilidad del Estado mexicano. “Estamos ante una situación que rebasa el ámbito interno y afecta la credibilidad de México en el mundo”, afirmó. “Se requiere un golpe de timón firme para garantizar que el servicio público esté libre de cualquier vínculo con la delincuencia organizada”.
La iniciativa propone adicionar un párrafo séptimo al artículo 109 de la Constitución para establecer la inhabilitación permanente sin distinción del mecanismo de acceso al cargo, ya sea elección popular, designación, nombramiento u otro procedimiento legal. Castro Bello subrayó que quienes administran recursos públicos no pueden traicionar la confianza ciudadana para beneficiar a estructuras criminales.
“El Estado mexicano debe ser garante de paz, legalidad y justicia. No podemos permitir que quienes deben proteger a la ciudadanía sean parte del problema. Esta reforma busca recuperar la confianza pública y fortalecer nuestras instituciones desde su raíz”, concluyó.