Alexander Villatoro Moreno, de 53 años, identificado como Quichi, se declaró culpable en un tribunal federal de Tampa por conspiración bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO). La admisión de culpabilidad lo coloca como pieza central de una estructura que, según documentos judiciales, funcionó como una organización criminal dedicada a explotar a trabajadores mexicanos con visas H‑2A entre 2015 y 2017.
La acusación federal detalla que Villatoro Moreno y sus coacusados operaban Los Villatoros Harvesting (LVH), una empresa contratista de mano de obra agrícola que reclutó fraudulentamente a ciudadanos mexicanos para ingresar a Estados Unidos con visas temporales. Los trabajadores fueron engañados sobre salarios, horarios, condiciones laborales y reembolsos, y posteriormente obligados a realizar jornadas extensas en Florida, Kentucky, Indiana, Georgia y Carolina del Norte por pagos inferiores a los establecidos por ley.
Los expedientes judiciales describen el uso sistemático de mecanismos coercitivos para someter a las víctimas: imposición de deudas, confiscación de pasaportes, aislamiento, amenazas de arresto, cárcel y deportación, así como advertencias de represalias contra familiares en México. Las autoridades también documentaron condiciones de vida de hacinamiento y prácticas de humillación verbal como parte del control ejercido sobre los trabajadores.
Cuando inició la investigación federal, Villatoro Moreno participó en la preparación de nóminas falsas y en la distribución de recibos de reembolso fabricados para simular cumplimiento legal y ocultar pagos insuficientes. Esta conducta fue incorporada como parte de la conspiración criminal.
Cuatro coacusados ya habían admitido su participación. Bladimir Moreno, propietario de LVH y hermano de Alexander, se declaró culpable en 2022 de conspiración para violar la Ley RICO y trabajos forzados, y recibió una sentencia de 118 meses de prisión, además de la orden de pagar más de 175 000 dólares en restitución. Los supervisores Efraín Cabrera Rodas y Christina Gamez fueron sentenciados a 41 y 37 meses, respectivamente, tras declararse culpables de conspiración RICO. Guadalupe Mendes Mendoza recibió ocho meses de arresto domiciliario y una multa de 5 500 dólares por conspiración para obstruir una investigación federal.
El caso fue investigado por el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas del Condado de Palm Beach, con participación del FBI, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Oficina del Sheriff local y diversas agencias federales y organizaciones de apoyo a trabajadores agrícolas. El Gobierno de México, incluida la Fiscalía General de la República, colaboró en la detención y extradición de Villatoro Moreno.
La causa está a cargo de la Sección de Derechos Humanos y Procesos Especiales del Departamento de Justicia y de la Fiscalía del Distrito Medio de Florida. Las autoridades reiteraron que cualquier información relacionada con trata de personas debe ser reportada a la Línea Nacional de Atención sobre la Trata de Personas, disponible las 24 horas.