La intención del Cabildo de Uruapan de gestionar recursos ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) abrió un nuevo frente de cuestionamiento público, luego de que el diputado del Distrito 14 de Uruapan Norte, Conrado Paz Torres, anunciara que solicitará a la Auditoría Superior de Michoacán una revisión exhaustiva del uso y destino de los recursos municipales ejercidos durante el último trimestre.
El planteamiento surgió tras la sesión de Cabildo del 29 de enero, donde funcionarios municipales expusieron la posibilidad de acceder a un monto aproximado de 873 millones 617 mil 873.96 pesos bajo un supuesto esquema “a fondo perdido”, sin intereses y no reembolsable. La propuesta generó dudas inmediatas sobre su viabilidad y sobre la información presentada a las y los integrantes del órgano edilicio.
Paz Torres señaló que el BID no opera con mecanismos de donación pura para financiar obras públicas ni infraestructura de gran escala, por lo que consideró indispensable aclarar si los funcionarios municipales proporcionaron información incorrecta o si desconocen los procedimientos y requisitos del organismo internacional. Recordó que los recursos no reembolsables del BID se otorgan mediante cooperaciones técnicas y no pueden destinarse a proyectos del tamaño planteado por el Ayuntamiento, lo que implicaría que cualquier operación de ese tipo correspondería a un esquema de préstamo o financiamiento mixto, es decir, deuda para el municipio.
El legislador también subrayó que la actual administración municipal ya ha solicitado endeudamientos y adelantos de participaciones federales, lo que refleja una presión financiera sostenida. Uruapan mantiene una deuda pública cercana a los 170 millones de pesos, además de créditos de corto plazo que han sido contratados durante el periodo en curso.
Ante este contexto, Paz Torres afirmó que desde el Poder Legislativo impulsará la intervención de la Auditoría Superior de Michoacán para revisar el ejercicio de los recursos públicos durante el último trimestre. Señaló que la ciudadanía enfrenta las consecuencias directas de decisiones financieras municipales, como incrementos en impuestos y tarifas de servicios, entre ellos el predial y el cobro del agua, con aumentos superiores al 200 por ciento.
El diputado sostuvo que la revisión es necesaria para garantizar transparencia y evitar que decisiones presupuestales sin sustento afecten nuevamente a las y los uruapenses, quienes, dijo, terminan absorbiendo los costos de los endeudamientos municipales.