La diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, del PRI, presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la fracción XIV del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el propósito de exentar del pago del IVA los servicios profesionales de psicología cuando su prestación requiera título de licenciatura en la materia.
Durante la exposición de motivos, la legisladora sostuvo que la reforma busca corregir una diferencia en el tratamiento fiscal de los servicios vinculados con la salud mental, al señalar que actualmente la consulta con un médico psiquiatra está exenta del impuesto por requerir título de médico, mientras que la atención brindada por profesionales de la psicología paga el 16 por ciento de IVA debido a que exige un título distinto.
«Se trata de dos disciplinas que atienden la misma salud, la mental, y que, no obstante, reciben un trato fiscal radicalmente desigual. Esa distinción carece de toda razonabilidad sanitaria», expone la iniciativa.
La propuesta argumenta que esta modificación es compatible con el derecho a la protección de la salud previsto en el artículo 4 de la Constitución, al considerar que el Estado tiene la obligación de garantizar el mayor nivel posible de bienestar físico y mental para toda la población, con especial atención a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
En la fundamentación, Rejón Lara sostiene que la psicología clínica constituye una profesión de la salud regulada por el Estado, cuyo ejercicio exige formación universitaria, título y cédula profesional, además de representar la primera línea de atención para padecimientos como ansiedad, depresión y trastornos relacionados con el consumo de sustancias.
Uno de los momentos centrales de la exposición ocurrió al referirse al impacto de la salud mental entre la población joven. La diputada afirmó que la atención oportuna puede representar la diferencia entre la vida y la muerte y citó cifras nacionales para respaldar su planteamiento: «Tan solo en 2024, setecientos veintisiete niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 17 años perdieron la vida por suicidio en nuestro país, en una tendencia que se ha duplicado en lo que va del siglo».
Asimismo, advirtió que, además del estigma social y la limitada disponibilidad de servicios públicos especializados, el costo de una consulta psicológica representa un obstáculo para estudiantes, trabajadores informales y personas que inician su vida laboral, quienes con frecuencia deben decidir entre buscar atención profesional o prescindir de ella.
La iniciativa sostiene que el impacto recaudatorio de eliminar el impuesto sería marginal frente a los costos humanos y presupuestales derivados de la falta de atención en materia de salud mental.
Como parte de la argumentación legislativa, el documento establece tres objetivos principales: generar justicia fiscal y coherencia normativa al eliminar la diferencia entre disciplinas de la salud; reducir una barrera económica para acceder a la atención psicológica mediante la exención del 16 por ciento de IVA; y fortalecer las acciones de prevención para disminuir problemas como la depresión, la ansiedad, las adicciones y el suicidio.
El proyecto fue turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictaminación, donde iniciará el proceso legislativo correspondiente antes de que pueda ser discutido por el pleno de la Cámara de Diputados.