Guillermo Valencia Reyes*
El programa televisivo «Derecho de Réplica» fue creado por el régimen morenista con el objetivo principal de responder, desmentir y contraatacar las críticas y noticias falsas que apunten hacia el gobierno federal, tanto en el entorno digital como en los medios de comunicación. Se lanzó el pasado 3 de junio de 2026 y, en los hechos, ha demostrado ser un aparato de manipulación de masas y un instrumento de amedrentación masiva.
Un gravísimo exceso se perpetró en él durante la edición del pasado miércoles 12 de agosto, cuando la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, presentó un documento, cuyo contenido estaba deliberada y explícitamente colocado sobre un fondo negro, con un nombre técnico de indudable vocación punitiva: “Anatomía de un ecosistema de amplificación digital en México”.
Detrás del envoltorio retórico había, literalmente, una lista negra: una relación, con nombre y apellido de periodistas, medios de comunicación, dirigentes partidistas, líderes ciudadanos y organizaciones civiles a quienes el gobierno de Claudia Sheinbaum acusó, sin proceso ni contrapeso, de operar coordinadamente contra lo que ellos llaman “la Cuarta Transformación”.
El lector de esta entrega puede fácilmente verificar en el Internet los videos de la transmisión del programa: ahí había una lista negra, el poder público señalando nominalmente a sus críticos desde un escenario oficial. Con ello, es claro que se está fijando un objetivo y apuntando desde una mira.
El estudio presentado por Alcalde -expresidenta nacional de Morena y hoy consejera jurídica del Ejecutivo- se atribuyó a siete meses de monitoreo, del 1 de enero al 8 de agosto de 2026, construido a partir de 98 cuentas-semilla y organizado en cuatro capas: medios y analistas, figuras políticas, cuentas anónimas de ataque y un supuesto anillo de bots que, según sus cifras, rebasaría las 560 mil cuentas automatizadas. En la primera capa, la funcionaria ubicó a 54 cuentas de medios y comentaristas responsables de casi 283 mil publicaciones en el periodo. En el listado aparecieron Carlos Loret de Mola, Denise Dresser, Héctor de Mauleón, Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga, Adela Micha, Leticia Robles de la Rosa, Pablo Hiriart, Sergio Sarmiento y Raymundo Riva Palacio, junto con medios como El Universal, Reforma, Latinus, ADN40 y Aristegui Noticias. También figuraron organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y políticos de oposición: Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI; Jorge Romero y Lilly Téllez, del PAN; Alessandra Rojo de la Vega, y los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.
Alcalde salió después, a través de un video grabado, a desmentir que se tratara de una “lista negra”: “no hay listas negras, ni decimos que los medios estén financiando bots”. Pero el desmentido llega tarde y convence poco. No hay manera de exhibir con nombre propio, desde una tribuna presidencial y con el aparato de comunicación del Estado detrás, a periodistas y opositores sin que el efecto práctico sea la intimidación. Basta con nombrar, clasificar y sugerir motivos oscuros. El resto lo hace el miedo.
Es inaceptable normalizar este tipo de episodios como un simple “análisis técnico”. Lo que presenció el país el 12 de agosto fue uso de recursos públicos para fabricar una narrativa de sospecha en contra de la disidencia. No es la primera vez que ocurre bajo el paraguas de la autodenominada Cuarta Transformación. En agosto de 2024, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador difundió supuestos sueldos de periodistas como Jorge Ramos, León Krauze y Ciro Gómez Leyva sin sustento documental público. Lo de Alcalde es solo la continuidad de un método.
Cuando el señalamiento viene envuelto en cifras y capas técnicas, el mensaje de fondo no cambia: el poder decide quién es opositor legítimo y quién es sospechoso de operar contra el partido en el poder.
La consejera jurídica también defendió los nuevos lineamientos de derechos de audiencia, que obligan a los medios a tener un código de ética y un defensor de audiencias. En el papel, la exigencia legal suena razonable. En los hechos, ocurre en el mismo contexto en que el gobierno exhibe listas de periodistas críticos, lo cual envenena cualquier intención regulatoria. No se puede pedir transparencia editorial a la prensa mientras se practica la opacidad sobre los criterios usados para calificar a alguien como parte de una “red de amplificación”. ¿Quién identificó las 98 cuentas semilla? ¿Bajo qué metodología se decidió que 560 mil cuentas eran bots y no ciudadanos genuinamente críticos? ¿Cuánto nos cuesta a los mexicanos ese “monitoreo”? Esas preguntas, siete meses después de iniciado el monitoreo, siguen sin respuesta pública verificable.
Las reacciones no se hicieron esperar. Los políticos lo calificaron como un reconocimiento a su labor opositora, manteniéndolos presentes, así como un riesgo directo para la libertad de expresión y el debate democrático.
Rubén Moreira comparó la práctica con los mecanismos de vigilancia de regímenes autoritarios del siglo XX. Y organizaciones como Artículo 19, que documentan desde hace años el asesinato de periodistas en México -más de sesenta durante los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum-, advirtieron que señalar públicamente a comunicadores desde el poder no solo inhibe la crítica: en un país donde ejercer el periodismo cuesta la vida, también eleva el riesgo físico de quienes aparecen en esas listas.
¿A quién beneficia este episodio? A corto plazo, a la propia narrativa oficial: permite a Morena presentarse ante su base como víctima de una campaña coordinada y financiada, sin necesidad de acreditar ante ninguna autoridad independiente esa acusación. Pero el costo institucional es mayor que el beneficio político inmediato. Cada vez que el gobierno confunde crítica con conspiración, erosiona su propio compromiso constitucional con la libertad de expresión, alimenta la autocensura entre periodistas locales -particularmente vulnerables en estados como Michoacán, donde el crimen organizado ya impone silencios- y da municiones a quienes, dentro y fuera del país, cuestionan la calidad democrática del régimen que encabeza la presidenta Sheinbaum. Y esto no se circunscribe al ámbito periodístico. La oposición política, los activistas y líderes ciudadanos hacen acuse de recibido ante estos actos persecutorios.
Frente a esto, no basta con indignarnos. Como oposición organizada y como sociedad civil, tenemos la obligación de convertir el reclamo en acción concreta:
1. Exigir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que abra de oficio una investigación sobre el uso de recursos públicos para la elaboración y difusión de la lista presentada el 12 de agosto.
2. Solicitar a la Cámara de Diputados y al Senado la comparecencia de Luisa María Alcalde para transparentar la metodología, las fuentes y el destino de los datos personales recabados en el estudio.
3. Impulsar, desde los congresos locales y el Congreso de la Unión, una reforma que prohíba expresamente el uso de recursos y espacios oficiales del Estado para acosar, investigar, perseguir, señalar, catalogar o exhibir a periodistas, activistas y políticos opositores por el contenido de su crítica.
4. Pedir a organismos como Artículo 19, la CIDH y Reporteros Sin Fronteras que den seguimiento puntual al riesgo de seguridad que representa para los periodistas mencionados su exposición pública desde Palacio Nacional. Así también, para que, organismos internacionales documenten y vigilen los actos intimidatorios contra activistas, líderes ciudadanos y políticos de oposición.
5. Convocar a los partidos de oposición, sin distinción de siglas, a suscribir un frente común en defensa de la libertad de expresión, porque cuando el poder decide a quién señalar, hoy le toca a unos y mañana nos puede tocar a todos. Por ahora, periodistas, políticos, activistas y líderes ciudadanos están bajo amenaza directa.
La democracia mexicana se defiende exigiendo que quien gobierna rinda cuentas de cada lista que exhibe y de cada nombre que señala desde el poder. ¡No nos quedemos de brazos cruzados!
¡México y Michoacán merecen una revolución institucional y social!
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*El autor es abogado, activista social, defensor de derechos humanos de víctimas, diputado local y dirigente del PRI en Michoacán